Miembros de la Comisión de Justicia y Paz y de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana presentaron ayer ante la Asamblea Nacional una denuncia contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual guarda relación con la cuestionable legalidad de varios fallos para supuestamente favorecer sindicados en delitos de droga.
Los denunciantes Maribel Jaén, Carlos Lee y Roberto Eisenmann Jr., fundamentan su solicitud de investigación ante los cuestionamientos por la sentencia de abril del 2004, donde se ordena la liberación de la colombiana Lorena Henao Montoya mencionada por su supuesta participación en el tráfico de drogas y lavado de activos.
Igualmente, es blanco de críticas la sentencia del 15 de junio de 2004, donde se ordena poner en libertad al principal implicado en la fuga del narcotraficante internacional Fernando Requena, pedido en extradición por Estados Unidos.
Los integrantes de las organizaciones civiles instan al Magistrado Adán Arnulfo Arjona para que comparezca ante la Asamblea a sustentar sus denuncias contra varios de sus colegas, por supuestamente favorecer con sus votos liberaciones de narcotraficantes y sindicados por tráfico de armas.
El pasado 3 de marzo, Arjona calificó estas decisiones de sus colegas como: "acciones que confirman el grado de descomposición institucional que sufre la justicia panameña".
La denuncia de Justicia y Paz y de otras 19 organizaciones civiles es contra los magistrados Aníbal Salas, Arturo Hoyos, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Jacinto Cárdenas, Roberto González, Graciela Dixon y José Troyano.