Los trabajadores que fueron despedidos por la Ley 25 de 1990 y que ayer recibieron la noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio el aval para que se cumpla con el finiquito que propueso el gobierno, tienen posiciones encontradas ante este tema.
Rolando Miller, uno de los trabajadores despedidos por esa ley durante la gestión de Guillermo Endara, albó este acuerdo con el que a su criterio, se cierra un capítulo oscuro en las relaciones laborales.
Con el acuerdo de finiquito, el Estado se comprometió a pagar 21.9 millones de dólares en cuatro años.
Sin embargo, no todos los afectados están de acuerdo y uno de ellos, Manrique Mejía, dijo que no están de acuerdo con este finiquito y en los próximos días se trasladarán a la sede la CIDH para exponer su posición ante este tema.
"Eso no es lo que nos corresponde, ya que no se nos devuelven nuestros salarios caídos, así que vamos a insistor en que se nos pague lo que merecemos", reiteró Mejía.