El abogado del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, Julio Berríos, informó que reclamó ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá una de las propiedades incautadas al general por el Estado, alegando que se trata de una expropiación inconstitucional.
La denuncia, interpuesta a través de la hija mayor del ex militar, Lorena Noriega, se basa en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones Públicas de Panamá, según el cual solo pueden confiscarse bienes resultantes de un delito u obtenidos para cometerlo.
Berríos dijo que la propiedad, ubicada en esta capital y valorada en 4.300.000 dólares, fue retirada "de forma ilegal y arbitraria porque no era fruto ni resultado de delitos del general".
"Noriega adquirió esta casa con su herencia y un préstamo concedido por la Caja del Seguro Social, que fue descontando el dinero de su sueldo", dijo.
El Estado panameño incautó 14 fincas al general en 1989, después de su detención y enjuiciamiento en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero internacional, y el Juzgado Municipal de Penal de Panamá las declaró bienes de la Nación en 1998.
Este juzgado ordenó incautar todos los bienes e inmuebles que tenía la familia del ex dictador en Panamá, al encontrárseles culpables de corrupción de funcionarios y aprovechamiento de bienes provenientes del delito.
La vivienda reclamada por Berríos, junto con otra valorada en 1.800.000 dólares, fue sacada a subasta en octubre de este año sin que se registrara ninguna propuesta de compra de la propiedad.
