Con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, todas las empresas emisoras de tarjetas de crédito estarán obligadas a informar de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según establece el proyecto de ley que regula las actividades de estas compañías financieras aprobado en octubre pasado en tercer debate por el Parlamento.
