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EDITORIAL
Golpe de Estado
La jefa del Ejecutivo nos sorprendió con una alarmante información: existe un plan de la Asamblea Legislativa para un golpe de Estado. Sea verdad o mentira, la noticia de por sí espanta a cualquier inversionista interesado en Panamá.
Si bien es cierto hay una grave crisis entre la mandataria Mireya Moscoso y la Asamblea Legislativa, no existen elementos visibles, salvo los bochinches de cafetería, que adviertan la posibilidad de la ruptura del orden constitucional.
Por eso, el gobierno debe revelar todas las pruebas con las que cuenta para afirmar que se fragua el derrocamiento de la jefa del Ejecutivo. Los arnulfistas, con toda razón, sufren del síndrome de golpe de Estado; su caudillo Arnulfo Arias Madrid, fue elegido tres veces presidente e igual número de veces derrocado.
Todos recordarán que una semana antes del inicio de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, el hoy vicepresidente del Partido Arnulfista, Víctor Juliao realizó inoportunas declaraciones, respecto a una supuesta conspiración contra Moscoso.
Panamá no puede atraer inversionistas si los políticos proyectan que el país vive un clima de inestabilidad. El capital es lo más asustadizo que hay y semejantes declaraciones hacen empeorar la imagen de Panamá como destino de las inversiones foráneas.
Los seguidores de Arnulfo Arias Madrid tienen una sicosis permanente en torno a los golpes de Estado, pero los tiempos cambian y la época en que se alteraba el orden constitucional, aparentemente son etapas superadas.
Todos deben entender que Mireya Moscoso llegó al poder con el voto popular y tendrá que respetarse su mandato. Tratar de alterar eso, sólo contribuye a profundizar la crisis económica.
Además de existir algún cabezacaliente que pretenda alterar el orden constitucional, debe recordar la vigencia de la Declaración de Quebec firmada por los 34 jefes de Estado que participaron en la III Cumbre de las Américas, que introdujo la "cláusula democrática", que sirve a los dirigentes del continente como una especie de escudo protector ante las amenazas que se levantan contra los gobiernos elegidos por la voluntad popular.
Sin embargo, no hay que ser tan ilusos y hay que aceptar que en nuestra América se están derrocando mandatarios, ya no por la fuerza militar, sino por los órganos legislativos, vía enjuiciamiento.
Frente a la situación que enfrentan el Ejecutivo y la Asamblea panameñas, lo correcto es que ambos órganos dejen de jugar al chantaje político y asuman una actitud responsable ante la grave crisis que padece el país.
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PUNTO CRITICO |
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