EDITORIAL
Secuestros
No hay delito que más ahuyente la inversión que los secuestros. Desde que asumió el poder el actual gobierno se han perpetrado tres delitos de ese tipo. La situación ha generado inquietud en la comunidad empresarial y en la población, que exige la reacción de las autoridades policiales para darle un alto a este despreciable delito. Ya sea en la apartada provincia de Darién o en el pleno centro bancario panameño, los involucrados en los secuestros exigen sumas millonarias a los familiares, que en muchas ocasiones no tienen la capacidad para responder a los reclamos de los criminales. Los panameños temen que la industria del secuestro que prosperó en la vecina Colombia se traslade a nuestro país. A ningún empresario le gustaría estar rodeado de guardaespaldas para poder movilizarse. Desde hace varios meses, el obispo Rómulo Emiliani ha lanzado advertencia sobre el peligro que representa el ingreso a territorio panameño, como Juan por su casa, de guerrilleros y paramilitares colombianos. Las autoridades poco caso han hecho a las campanadas de alerta del prelado, pero hoy sus vaticinios se están cumpliendo. El secuestro no sólo afecta a la víctima, sino a sus familiares que se deprimen y desesperan al ver que un ser querido está en manos de desalmados, que a cambio de dinero pueden arrebatarle la vida. Por eso son comprensibles las manifestaciones de protestas que se han producido en Metetí, Darién, para pedirle un alto al secuestro y reclamar una actuación más eficiente de la Fuerza Pública. No es posible que las instituciones de seguridad pública consuman presupuestos anuales por casi 150 millones de bal- boas, y sus miembros no garanticen la vida y honra de los ciudadanos. Los panameños le dicen un No al secuestro; y los policías deben cumplir con su obligación y su trabajo: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
PUNTO CRITICO |
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