El Ejecutivo debió medir su reacción en la presentación del informe final de la Comisión Especial que designó para investigar los sucesos ocurridos en Bocas del Toro con su saldo de muertos, heridos y detenidos.
Cuando ya los ánimos parecían calmarse, las manifestaciones del mandatario Martinelli de alegar que la Comisión tuvo miedo de responsabilizar a un partido de oposición y a un sindicato de los lamentables sucesos de Changuinola, representa un retroceso a las acciones desarrolladas.
La Comisión concluyó lo que era evidente: el detonante de los disturbios de julio fue la Ley 30 ó 9 en 1.
Si se nombra a una comisión para investigar, pero luego no aceptas las recomendaciones y ni te tomas un tiempo para hacer una evaluación del documento, entonces de nada valieron los 51 días que se invirtieron en esa labor.
Lo rescatable es la promesa del jefe del Ejecutivo de que lo sucedido no volverá a darse y el reconocimiento a medias de cierta responsabilidad de los estamentos de seguridad en el manejo de la situación.
Lo cierto es que la experiencia demuestra que los panameños no van aceptar de buenas a primeras que un proyecto le preparen un chorizo de leyes sensitivas, para se aprobadas a tambor batiente por una mayoría de diputados oficialistas.
Ya la época en que los perros se amarraban con longaniza pasó hace rato.