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No habrá crisis de poderes con cese de la Sala Quinta
Jean Marcel Chéry y Florencio Gálvez
Crítica en Línea
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, reconoció ayer el cese de las funciones de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales, en cumplimiento de la Ley 49, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, sancionada por la presidenta Mireya Moscoso y promulgada en Gaceta Oficial en la noche del domingo. Sin embargo, luego de asegurar que no daría ninguna interpretación de la Ley 49, Hoyos consideró "personalmente" que la destitución de los magistrados Mariblanca Staff, Oscar Ceville y Elitza Cedeño, y sus suplentes Roberto Will Guerrero, Ricardo Alemán y José De La Cruz, establecida en el artículo 28 de dicha ley, "no es positiva para la administración de justicia". En tanto, el magistrado presidente de la Corte negó que exista una crisis constitucional en el país, a raíz de la aprobación de la Ley, sin que la Asamblea Legislativa acatara un fallo que ordenaba suspender el debate. "Existe una ley aprobada por la Asamblea, la cual puede ser impugnada ante el pleno de la Corte, a través del recurso de inconstitucionalidad, pero ese recurso no suspende la aplicación de la ley, de tal manera que la ley se aplicará y el que se sienta afectado, tiene abiertas las vías judiciales, ante la Corte Suprema para impugnar el contenido de la misma". Hoyos dijo que "la Corte reitera su compromiso indeclinable con el estado de derecho, con el respeto al gobierno constitucional, y con la Constitución, por ello cualquier controversia judicial será resuelta en estricto derecho, sin ningún elemento de política partidista, tal como lo prevé la misma Constitución". "Los magistrados sostuvimos una reunión y la mayoría entendemos que se trata de una ley vigente y de obligatorio cumplimiento", detalló el presidente de la Corte. En tanto, Hoyos explicó que el pleno de la Corte asumirá las funciones de darle curso a los Habeas Corpus y Amparo de Garantías Constitucionales y los magistrados de la eliminada Sala Quinta le remitirán los expedientes que están pendientes de fallo. Agregó que de "allí que este recurso se esté presentando a partir de hoy [ayer], debe presentarse en la Secretaría General de la Corte se repartirá entre los nueve magistrados que integran la corporación". Anotó que las controversias a que puedan dar lugar esta ley, se resolverán a través de los mecanismos de solución previstos en la Constitución. Así mismo dijo que la Ley 49 tiene una disposición sobre la insubsistencia de los magistrados de la Sala Quinta, pero la ley debe aplicarse sin perjuicio de los recursos de inconstitucionalidad, que puedan interponer aquellas personas afectadas por un tercero, apuntó. Entiendo que hay una sentencia contra el Organo Legislativo, de parte de los magistrados de la Sala Quinta, la cual aparentemente no ha sido notificada ante el representante legal de ese Órgano, dijo Hoyos. Añadió que los efectos de esa resolución judicial "estarán allí" y serán regulado por lo que dispone el Organo Judicial y existen normas que permiten pedir aclaraciones de sentencias, aunque estas son finales, definitivas y obligatorias. Expresó que una vez sea notificada, el representante legal de la Asamblea, tomará las acciones pertinentes. Por su parte, el abogado Carlos Carrillo consideró que las declaraciones de Hoyos provocarán incertidumbre jurídica. El magistrado presidente indicó que la sentencia de la Sala Quinta contra el Organo Legislativo "está allí" y será regulado por lo que dispone el Organo Judicial, pero no aclara cuál será el futuro de esa resolución. En tanto, el exmagistrado de la Corte y legislador Jerry Wilson, magistrado de la Corte, consideró "acertada" y "ajustada en derecho", la posición de Hoyos. No obstante, agregó que se atraviesa una situación jurídica inédita, porque hay un fallo de la Sala Quinta que ordenaba la suspensión del debate, pero hay una promulgación de una ley vigente. "Le corresponderá al pleno decidir", apuntó. "Desde el primer instante en que se presentó el proyecto de ley, que deroga la Sala Quinta, y la insubsistencia de tres magistrados y sus suplentes, señalados por nombre apellido, ha causado un choque de intereses en lo que planteaba un proyecto y la legítima defensa de los magistrados", dijo Wilson. En tanto, el exprocurador Rogelio Cruz dijo que la Asamblea Legislativa irrespetó el falló de la Sala Quinta, que fue resuelto por los magistrados suplentes Roberto Will Guerrero, Ricardo Alemán y José De La Cruz Bernal, quienes no se declararon impedidos. Ahora le toca al pleno de la Corte determinar si el fallo de la Sala Quinta tiene validez o no, dijo. Cabe destacar que los suplentes alegaron que el proyecto que destituye a los magistrados -quienes presentaron el amparo- y a ellos mismos, es violatorio de los derechos humanos y las garantías constitucionales, resaltando que el enjuiciamiento legislativo sería la única manera de remover a los magistrados. En tanto, el exprocurador Rafael Rodríguez dijo que -según la Constitución- un amparo se debe interponer contra una orden de hacer o no hacer, pero la derogatoria de la ley apenas estaba en proyecto de ley, cuando los magistrados de la Sala Quinta emitieron su sentencia. No se puede interponer un amparo contra un proyecto de ley, resumió Rodríguez.
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En tanto, el exprocurador Rafael Rodríguez dijo que -según la Constitución- un amparo se debe interponer contra una orden de hacer o no hacer, pero la derogatoria de la ley apenas estaba en proyecto de ley, cuando los magistrados de la Sala Quinta emitieron su sentencia. No se puede interponer un amparo contra un proyecto de ley, resumió Rodríguez.
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