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Tal como era de esperarse, el burgomaestre de la ciudad, Juan Carlos Navarro, destituyó a la corregidora de Alcalde Díaz por el hecho bochornoso ocurrido hace una semana en Villa Grecia, en donde se destruyó por la fuerza una propiedad en litigio. Me decía Ricardo Laviery, vocero de prensa de la administración municipal, que "ya habíamos logrado parte de nuestras exigencias frente al desastre de la vez pasada", pero le dije que en realidad falta mucha tela por cortar.
El asunto no queda allí, pues el caso de la propiedad destruida en Villa Grecia puede ser mucho más profundo de lo que la comunidad ha visto por los medios de comunicación. La Alcaldía de Panamá dio su versión de los hechos frente al tema del desalojo de la propiedad, argumentando que desde hacía tiempo, en la pasada administración alcaldicia (de la señora Mayín Correa) se estaba haciendo un procedimiento judicial contra un "kiosco" que se había tomado terrenos municipales en plena vía pública, violando las leyes.
Según el asesor legal de la Alcaldía, Juan García, la actual administración municipal hizo lo que la pasada no se atrevió hacer, es decir cumplir la ley. Por supuesto, aunque admiten que la forma de actuar para ordenar el desalojo de la propiedad fue inaudito, la verdad es que los fallos jurídicos, las querellas y accionar de las autoridades de la ciudad, habían notificado la necesidad de obligar a los moradores de la propiedad a salir de la misma.
El asunto también es muy polémico pues las investigaciones alcaldicias indican que los moradores de la ahora propiedad destruida "tienen otro hogar", fuera del primero en controversia. Según Garcia, la supuesta casa que se demolió el pasado viernes es en realidad "un local comercial" que se transformó a conveniencia en una residencia modificada.
Entretanto, la Defensoría del Pueblo, quien trató de evitar el desalojo del pasado viernes, consideró intolerable la orden de desalojo de la propiedad de la familia Cáceres, pues aún se está ventilando el litigio relativo al local o residencia en los juzgados del ramo civil.
Tenemos que considerar algo: La Alcaldía Capitalina "sí ha dado plazos perentorios y tiempo suficiente para el diálogo, para resolver casos similares", como el hecho de Villa Grecia. El mismo asesor legal nos dio los ejemplos de la Renta 5 y de los comerciantes del terraplén, al igual que los moradores ilegales de San Felipe. Si hubiera sido otro país u otra administración, hace tiempo la gente estaría en la calle. Un punto a favor de Navarro.
Aquí se aprendió una lección. No debemos llevar por los aires de poder y grandeza, tal como sucedió con la funcionaria municipal en Alcalde Díaz. Consideramos que el tema de los desalojos es algo inhumano, y está claro que habrá consecuencias políticas tras este hecho vergonzoso. Una autoridad del Estado puede tener todo a su favor para cumplir los requerimientos legales, pero si se pasa de la mano con el uso de tales responsabilidades, el que sale perdiendo es el mismo funcionario, además de sus jefes. Veremos qué sucede pues es evidente que habrá cargos y descargos frente a este tema. |
