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El contrato sobre el Centro Multimodal Industrial y Servicios (CEMIS), que concede a un consorcio privado casi 6 millones de metros cuadrados de terrenos en la Zona Libre de Colón y el aeropuerto Enrique A. Jiménez (France Field), por un periodo de 80 años, se perfila como uno de los más polémicos.
El documento en referencia fue firmado por dos Jorges: Fernández y Rodríguez, en representación de la Zona Libre y la Dirección de Aeronáutica Civil. La empresa beneficiada, el Consorcio San Lorenzo, es representada por el inversionista británico Stephen Jones.
El contrato obliga al Consorcio a invertir B/.219 millones en 10 años para desarrollar un parque industrial y B/.181 millones para convertir el terminal de France Field, en un aeropuerto internacional.
Por cada uno de los casi 6 millones de metros cuadrados otorgados en concesión, el Consorcio San Lorenzo deberá pagar 20 centésimos mensuales. Pero en la práctica ese pago no entrará a las arcas del Estado, porque el contrato establece un crédito por inversión de hasta el 70% de la renta mensual del arrendamiento.
El 70% de la inversión representa una suma mayor a lo que deberá pagar el Consorcio San Lorenzo, en concepto de arrendamiento durante los primeros 40 años del contrato.
En el caso del arrendamiento de los terrenos en Zona Libre, el Consorcio San Lorenzo empezará a pagar el canon a partir del sexto año del contrato; en los terrenos del aeropuerto se empieza a pagar al undécimo año.
El Consorcio San Lorenzo, además de Jones, tiene como directivos a Francisco José Cabrera, Lucila Barberena De Gaubeca y Frank Johann Ludwig. El consorcio lo integran empresas de Panamá, Estados Unidos y Austria, entre ellas, Colon International Airport Development, Colon International Airport, Centro Multimodal Industrial y de Servicios, Airport Consulting Viena; GMBH, Birk Hillman Consultants y Mckinney International.
Otro aspecto cuestionado es que el proyecto obliga al Estado a mantener vigente, durante el término del contrato (80 años) el mismo régimen tributario y aduanero.
Además se les exonera al grupo empresarial del impuesto de importación de los equipos, combustible y lubricantes. También se les exonera de los impuestos del 5% (ITBM), Sobre la Renta, Dividendos, Inmuebles, de licencia comercial e industrial.
Al Municipio de Colón sólo se le pagará hasta un máximo de B/.50 mil y cualquiera otra suma la deberá cubrir el Estado.
En lo que respecta al aeropuerto, se destaca que éste será convertido en un terminal internacional de cargas y pasajeros. La empresa podrá aumentar, sin autorización de la DAC, hasta un 25% de las tarifas por los servicios aeroportuarios.
El aeropuerto tendrá una pista de hasta 3,300 metros como máximo y contará con un área cubierta de 10 mil metros. Se espera recibir dos millones de pasajeros al año.
A pesar de los cuestionamientos, el empresario Stephen Peter Jones defiende el contrato y alega que la mayoría de los terrenos otorgados en concesión son pantanos, los cuales son el habitat natural principal de cocodrilos y lagartos. Las especies, que se encuentren en proceso de extinción, serán reubicados en un lugar seguro.
Además resalta que las fuentes naturales de agua están contaminadas a causa de los desechos humanos de un hospital y de las viviendas en general, por lo que dentro del proyecto se contempla el tratamiento de aguas negras, de modo que las mismas salgan al mar después de procesadas, sin ningún riesgo de contaminación.
Jones alega que la concesión libre de gravamen y sin ninguna interferencia de parte del Estado o de terceros, es la práctica común y usual en concesiones de este tipo, tomando en consideración que la inversión de B/.400 millones proviene de capital privado y fuente extranjera.
El directivo del Consorcio San Lorenzo resalta que a dos de los más grandes centros financieros y económicos del mundo como lo son hoy día Hong Kong y Singapur, les tomó más de 50 años lograr el poder económico que consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña jugó un papel muy importante en este desarrollo, para lo cual se requirieron hacer inversiones por varios billones de dólares. La misma Zona Libre fue establecida en 1948, y 53 años después se ha convertido en la Zona Libre más grande del mundo.
Hacemos esta referencia, ya que consideramos que para poder atraer la inversión necesaria es indispensable ofrecer a los inversionistas un clima de estabilidad jurídica, tributaria y política. Todos estos elementos son factores importantes para que podamos cumplir con nuestros compromisos, establecer la infraestructura necesaria para que Panamá desarrolle una economía estable y es por eso que se requiere de un Contrato Ley, añadió.
"Nuestro proyecto contribuirá a la creación de un mercado no existente; un Aeropuerto Internacional en Colón que como mínimo requiere 10 años para que sea conocido internacionalmente y generar retorno atractivo para los inversionistas después; la creación de un Parque Industrial, el cual mejoraría la imagen de Panamá, ya que el mismo no es conocido como país industrial", expresó el directivo del Consorcio San Lorenzo. |