|
Reacciones en Perú ante sentencia de Corte
Perú
AFP
Reacciones contrapuestas manifestaron las autoridades peruanas ayer ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la liberación e indemnización del ex capitán Gustavo Cesti, convertido en el cuarto caso que pierde el Perú ante ese tribunal. El Primer Ministro, Víctor Joy Way, dijo la noche del lunes que los casos ventilados en esa corte antes de la reciente denuncia peruana a la competencia contenciosa de la CIDH "seguirán su curso", pero opinó a favor de evaluar el contenido del fallo y pedir un pronunciamiento al Consejo Supremo de Justicia Militar. Cesti fue procesado en el fuero castrense a pesar de un hábeas corpus que dispuso su remisión a la justicia común, para ventilar un presunto fraude de un millón de dólares contra el Ejército. El ex capitán está preso hace 32 meses en un cuartel de Lima. El ex abogado del gobierno en este caso, Alberto Bustamante, no descartó que Cesti pueda ser procesado en el fuero civil "porque el delito no ha prescrito". Otros militares encausados en el mismo fraude ya están libres. Bustamante dijo que la sentencia "se veía venir, por la difícil posición jurídica del Estado peruano por la huella trazada por la sentencia en el caso de los cuatro chilenos condenados a perpetuidad por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que involucra desconocer nuervamente una sentencia del tribunal militar". Para el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, corresponde "la inmediata ejecución de la resolución de la corte, que se ha limitado -dijo- a validar lo que un juez peruano ordenó en 1997 ante el hábeas corpus del ciudadano Cesti reclamando su libertad". Igual talante manifestó el congresista progubernamental Jorge Trelles, quien también dijo que la sentencia sobre Cesti debe ser cumplida por el Estado peruano. La resolución toma a los peruanos en abierto debate en torno a la decisión del gobierno del presidente Alberto Fujimori, de no reconocer la competencia contenciosa de la CIDH, aunque sin denunciar su permanencia en ese sistema. Esa fue una reacción impulsiva del régimen luego que la CIDH ordenara que se vuelva a juzgar, y con las garantías del debido proceso, a los cuatros ciudadanos chilenos (Lautaro Mellado, Jaime Castillo, Alejandro Astorga y Maria Pincheira) que fueron condenados por la justicia militar por 'terrorismo y traición a la patria'. Esta resolución no ha sido cumplida por Perú. En la víspera, el ministro de Justicia, Jorge Bustamante, dijo sorpresivamente que "si fueran removidos los magistrados de la Corte Interamericana y se realizaran cambios importantes en sus decisiones, el Perú no tendría inconveniente de reinsertarse en la competencia contenciosa obligatoria del tribunal". En esta década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto cinco expedientes vinculados al Estado peruano. Desestimó por mal trámite una denuncia por la matanza de campesinos de la comunidad de Cayara consumada durante el gobierno del ex presidente Alan García (1985-90) y, en casos que involucran a Fujimori desde su primera administración (90-95), resolvió a favor de los ciudadanos Rafael Castillo Páez y María Elena Loayza Tamayo, falsamente acusados de terroristas, además el caso de los cuatro 'emerretistas' chilenos y ahora al ex capitán Cesti Hurtado. Las tribulaciones del gobierno de Lima ocurren cuando, como lo destaca el diario opositor La República, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en la víspera la 'house resolution 57' expresando preocupación sobre "la erosión de la independencia a los poderes Judicial y Electoral en Perú, así como la intimidación a periodistas ajenos al régimen".
|
