El 11 de octubre vence el periodo de los tres magistrados del Tribunal Electoral. El Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia deberán designar cada uno a una figura para las vacantes que dejen Eduardo Valdés, Dennis Allen y Erasmo Pinilla.
Desde el año de 1990, hay que reconocer que el Tribunal Electoral hizo lo correcto en cuanto a la organización de las elecciones parciales y los dos referéndum que se dieron durante ese período.
Aunque los integrantes del Tribunal Electoral tenían simpatías con algunas de las fuerzas políticas existentes, llegaron a separar sus preferencias para que se respetara la voluntad popular.
Ahora con una sociedad civil con mayor nivel de fiscalización, los tres Organos del Estado deben entender que deben hacer una adecuada selección, para que no se repitan errores del pasado reciente como fueron la controversial elección de dos magistrados de la Corte Suprema durante la gestión arnulfista y de un polémico Defensor del Pueblo, durante la administración de la Patria Nueva.
Hay que entender que al cargo no pueden llegar funcionarios con alto perfil político y los designados también deben asimilar que al llegar al cargo deben olvidar su pasado partidista para garantizar la pureza del sufragio.
No podemos volvemos a la época, donde magistrados se prestaban al fraude y emitían fallos conforme a las designios del Palacio de Las Garzas o de los altos mandos castrenses. La sociedad civil también debe jugar su papel de vigilancia permanente para que esos malos tiempos no retornen jamás.