"La transparencia ha llegado a Panamá para no irse jamás". Este será el legado de la actual Asamblea Nacional, de acuerdo a la percepción ciudadana y de una prensa crítica frente al Proyecto de Modernización de las Comunicaciones del parlamento, cuyo alcance tendrá un creciente valor, sobre todo en las relaciones entre los diputados y las comunidades del país.
La Asamblea se ha visto en desventaja tecnológica ante otras instituciones que han modernizado sus actividades, como por ejemplo la Dirección de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, el Registro Público y también la Caja de Seguro Social, a partir de la aplicación de su nueva ley orgánica.
Para analizar las perspectivas de una Asamblea modernizada en su engranaje de comunicaciones, este órgano del Estado ha creado una comisión evaluadora, integrada por la Universidad Tecnológica, las Secretarías de Innovación Gubernamental y la propia entidad legislativa.
El proyecto ha recogido las deficiencias de la desfasada infraestructura de las comunicaciones internas de los diversos edificios de la Asamblea y las limitaciones para su expansión y crecimiento, sobre todo del cableado para el uso del Internet, el correo electrónico y las vías telefónicas. Estas insuficiencias crean un distanciamiento perjudicial entre esta augusta cámara de legislación y las demás instituciones que proporcionan información para la discusión de los diversos proyectos de ley.
Debemos decir además, que el gasto en telecomunicaciones y duplicación de documentos asciende a 39 mil 173 balboas (según cifras de la oficina de Administración y Finanzas del Departamento de Presupuesto de esta corporación). Al modernizarse todo el sistema, el pago de la inversión en tecnología podría ser realizado en un máximo de tres años como consecuencia del ahorro, de acuerdo a los cálculos.
No obstante, la adquisición de computadoras portátiles (conocidas como laptop), llamó la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía y el proyecto fue cuestionado. Esto ha sentado un precedente histórico de participación de la opinión pública.
Lo importante de este caso es la evolución que comienza a darse en el país, donde la participación y vigilancia de los ciudadanos se hace presente y motiva correctivos y las instituciones estatales se vuelven receptivas al tomar en cuenta el sentir de las mayorías compenetradas en las decisiones de quienes han sido elegidos por ellas.
En otros tiempos, la posición de los ciudadanos hubiera sido desconocida, pero hoy, el precedente sentado por el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, Elías Castillo, da la primera campanada para una nueva era, en la que cada panameño será una especie de nuevo censor con capacidad de tomar decisiones que sean respetadas.
