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CENTROAMERICA
Desafían a gobierno por querer imponer aumento salario
Tegucigalpa
ACAN-EFE
Los empresarios de Honduras desafiaron ayer lunes, al Poder Ejecutivo por la supuesta pretensión de imponer un aumento general de salarios y le acusaron de buscar establecer una "empresa semiestatizada" en el país. Tras varias semanas de negociación, los empresarios y las tres centrales obreras mantienen desacuerdo sobre la mejora salarial, por lo que el Gobierno presentó una propuesta que, en principio, es aceptada por los trabajadores pero rechazada por el sector privado. Las organizaciones sindicales amenazan con una huelga general si no se otorga el aumento. Fuentes gubernamentales han adelantado que, de persistir el desacuerdo, se impondrá el alza vía decreto del Ejecutivo. Ante esa pretensión, el Comité para la Defensa de la Libre Empresa, surgido del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), publicó ayer un anuncio de rechazo en campo pagado en la prensa, titulado "Preguntas públicas al Poder Ejecutivo". "¿Es el dueño o socio de cada empresa y negocio en el país único con derecho a decidir en ella?, ¿puede un extraño a la empresa regalar o distribuir el fruto de una inversión nacional o extranjera en Honduras?", preguntan los empresarios. También cuestionan que "¿desde cuándo el Poder Ejecutivo posee participación accionaria en cada empresa privada y negocio en Honduras" y si "¿cambiamos de modelo económico?". Preguntan, asimismo, si "los servidores públicos pueden disponer las políticas en cualquier empresa privada, como si viviéramos en un régimen que ya estatizó y controla la empresa privada", y recuerdan que "vivimos en un Estado de Derecho". "¿Si el Estado paga sus derroches en gastos aumentando impuestos y costo de combustibles, se permitirá, señores servidores públicos, que la empresa semiestatizada pretendida por ustedes, pague los costos que nos quieren imponer con crédito directo como pago de impuestos o desean que se los traslademos vía precio a los consumidores", puntualizan. La presidenta del COHEP, Juliette Handal, lamentó que la última propuesta salarial de los empresarios "fue desestimada" por el Gobierno para presentar su propio planteamiento, coincidente en gran parte con la postura empresarial. Handal señaló el domingo que si el Gobierno impone el aumento vía decreto será inconstitucional porque la Carta Magna establece la garantía de la libre contratación. Se prevé que se celebren nuevas reuniones entre representantes sindicales, del sector privado y Gobierno, pero Handal no confirmó si asistirá su organización. El COHEP rechaza que el incremento se defina fuera del régimen del salario mínimo, mientras que la propuesta gubernamental incluye a los trabajadores de ese nivel y a quienes están fuera del mismo. El presidente de la República, Carlos Flores, pidió el pasado viernes a los empresarios y sindicalistas que busquen un acuerdo y, a estos últimos, que no agraven la situación económica del país con una huelga general. El Gobierno plantea un alza de 350 lempiras (23 dólares) mensuales para los trabajadores comprendidos en el régimen de salario mínimo y de 300 lempiras (20 dólares) para quienes ganan hasta 6.000 lempiras (400 dólares). Además, bonos de 1.400 y 1.500 lempiras (93 y 100 dólares) para ese mismo segmento laboral, pagaderos por única vez el próximo año. La presidenta del COHEP subrayó que el aumento debe mantenerse en los parámetros del salario mínimo, de 1.050 a 1.749 lempiras (de 70 a 117 dólares), que comprenden cinco escalas según actividad económica y zona geográfica. En principio, las centrales obreras demandaban 1.000 lempiras (67 dólares) de aumento para quienes ganan de 1.300 a 13.000 lempiras (de 87 a 870 dólares) mensuales.
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