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Crimen ecológico en Arraiján
Blanca Alvarez E.
Crítica en Línea
Grupos comunitarios protestan por el crimen ecológico que se está cometiendo a la entrada de la Barriada 2000 en el distrito de Arraiján, donde se han derribado un centenar de árboles y asesinado la fauna del área. El presidente del Frente de Apoyo Comunitario de Arraiján (FAC), Dagoberto Franco, manifiesta que a los arraijaneños les llama poderosamente la atención el silencio cómplice, tanto de las autoridades regionales como de la Autoridad Nacional del Ambiente, cuando el área que se está devastando es parte de la cuenca del Canal. Agrega Franco, que resulta irónico que recientemente los alcaldes de los distritos de Arraiján, La Chorrera y Capira presentaron un plan para hacerle frente a los problemas ambientales de la cuenca del Canal, para lo cual consultaron 23 organizaciones No Gubernamentales del país, en aras de que la estrategia a seguir beneficiara la cuenca y el medio ambiente. Sin embargo a sólo días de presentarse este plan, un consorcio taiwanés derriba un centenar de vegetación en el área. Por su parte, el presidente de la Fundación Shinmatsu, Jorge Matsufuji, condenó el crimen ecológico que se está dando a la entrada de la Barriada 2000 en Arraiján. Según Matsufuji, esta fundación la semana pasada arborizó toda el área cercana a la carretera Interamericana, incluyendo parte del distrito de Arraiján, para que ahora una empresa extranjera acabe con los árboles de la cuenca del Canal. Igualmente, miembros del Movimiento Juventud 2000 manifestaron su descontento a través de un comunicado, ya que estas tierras se vendieron en un precio irrisorio de 9 balboas el metro cuadrado, ignorando el potencial ambiental que el mismo significa. Señalaron que de la finca madre N° 13669, según reposa en el Registro Público, se vendieron 7 mil metros cuadrados y se segregaron a consorcios chinos terrenos localizados frente a la carretera Interamericana a la entrada de la Barriada 2000 en Arraiján. En la nota firmada por el presidente de esa organización, Luis González, recomiendan a las autoridades aclarar el método que se utilizó para el otorgamiento de estas tierras. Finalmente, los grupos comunitarios exigen a Ricardo Anguizola, director general de la Autoridad Nacional del Ambiente, brindar una explicación satisfactoria y hacer público el estudio de impacto ambiental aprobado para la devastación del área de la Barriada 2000.
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