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Anciana reclama derechos en Barú
Redacción
Crítica en Línea
La angustia, la tristeza, la impotencia, la desesperación parecen ser los fieles acompañantes de una anciana de más de 70 años, a quien las autoridades locales de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú, no sólo han dejado en el más completo abandono, sino que han pisoteado sus legítimos derechos irrespetando la propiedad privada. A pesar de haber recurrido a todas las instancias tanto locales como nacionales, el abuso y atropello no han podido detenerse. No es un favor lo que la señora Betty Sánchez está pidiendo, es justicia, una cualidad vital que debiera estar escrita de manera resaltada en la agenda de quienes, por precisión o equivocación son elegidos por el pueblo para que los represente. Transcurría el año 1995, la señor Betty Sánchez se levantó como de costumbre, muy temprano en la mañana, cuando se aprestaba a iniciar sus quehaceres recibió un certero golpe en la barbilla, asestado por un delincuente no identificado que había logrado penetrar en su propiedad. Avanzada la mañana, cuando logró recuperarse, tenía dos dientes menos y no escuchaba por uno de sus oídos, recibió atención de urgencia y fue dada de alta más tarde. Cuando pudo hacer un balance de los hechos notó que algunos enseres domésticos ya no estaban, la ropa había desaparecido, las joyas se habían esfumado. Este era el quinto asalto que sufría. Por lo acontecido la anciana se dirigió a la Alcaldía de Barú a solicitar un permiso para construir un muro con el cual se daría seguridad. Después de muchas diligencias el ingeniero municipal autorizó la construcción del muro divisorio de la propiedad privada e hizo que la solicitante pagara los impuestos correspondientes. Cuando el dueño de un taller vecino se enteró, corrió donde el alcalde Erick Acosta, quien ordenó la suspensión de los trabajos, aduciendo que el muro obstaculizaba el paso peatonal arbitrariamente establecido por los terrenos propiedad de Betty Sánchez. El año pasado el Ministerio de Obras Públicas ejecutó trabajos de rehabilitación y pavimentación de las calles de Puerto Armuelles, a través de una empresa privada, quien por la pavimentación de la calle principal se había comprometido a habilitar un puente con acceso a los terrenos de la anciana. Temerosa por las consecuencias que tal acción acarrearía, la afectada le dirigió una carta a la Presidenta de la República con la esperanza que la promesa se hiciera realidad. El MOP mediante nota AJ 2564-99 del 28 de diciembre de 1999 informó a la afectada entre otras cosas lo siguiente: "debido a que los trabajos de rehabilitación de las calles que está realizando la empresa INEG, ordenó la reconstrucción del un tramos de las paredes (muro) y la colocación de una alcantarilla de D=90cm, es decir que los "apresurados movimientos de tierra", a los que se refiere, fueron la colocación de esa tubería que busca protección de la carpeta de hormigón asfáltico existente y no para justificar una servidumbre". De acuerdo con el MOP, tanto la empresa constructora como la responsable de la inspección técnica ya no existen y no hay a quien responsabilizar por los perjuicios ocasionados. La señora Betty Sánchez le suplica a la Presidenta, al Ministro del MOP, al Defensor del Pueblo y al Gobernador de la provincia de Chiriquí, que intervengan para detener esta arbitrariedad. No es posible que viviendo en derecho, la justicia tenga que medingarse, sobre todo para un frágil ser humano, que luego de librar las mil batallas tenga que concluir el último ciclo de su vida en estado de zozobra innecesario.
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