Lo ocurrido el jueves en el Instituto Nacional debe llamarnos a la reflexión. El estudiantado debe respetar a sus docentes y a las autoridades del plantel. El estrellar sillas contra una puerta para impedir el acceso del Rector, es una acción que no debe ocurrir.
Esa tipo de acciones más que ganar apoyo a una causa, genera rechazo en la sociedad. Se entiende la intención de los tres estudiantes expulsados de mantener una protesta por 72 días para reclamar su reintegro, pero lo que se rechazan son los métodos.
Al mismo tiempo, es cuestionable la demora de la Corte Suprema de Justicia en resolver el recurso interpuesto por los abogados de los alumnos expulsados. A estas alturas sea lo que decidan los magistrados, ya el tiempo perdido es irrecuperable.
Si fallan a favor del reintegro, ya los afectados han perdido dos meses y medio de clases. Si la decisión es adversa y obliga a los estudiantes a trasladarse a otro colegio, es casi imposible que logren los conocimientos mínimos para aprobar el año escolar.
La situación requiere una atención especial para resolver la crisis que sólo podrá recuperarse a través del respeto entre las partes involucradas: autoridades de Educación, acudientes y alumnos afectados.
No hay que olvidar que la expulsión se origina tras actos vandálicos contra los bienes del Instituto Nacional y del sector privado. ¿Qué se gana con la destrucción?. La respuesta es nada.
Todos debemos reconocer el espíritu combativa y rebelde del estudiantado, especialmente los institutores, pero eso no debe llevar a la ejecución de acciones que luego censura la sociedad.
Así las cosas, la situación obliga a resolver de una vez por toda la situación de los tres alumnos en base a un diálogo respetuoso y donde las partes se obliguen a cumplir los compromisos que surjan de esas conversaciones