EDITORIAL
Recuperación de fondos malhabidos
La caída violenta
de la satrapía norieguista, al fragor de los fusiles invasores norteamericanos,
permitió instaurar el régimen de reconciliación y rectificación
nacional encabezado por el mandatario Guillermo Endara.
En la coyuntura de aquel nuevo gobierno los sectores políticos
democráticos tuvieron visión de crear la Dirección
de Responsabilidad Patrimonial (DRP), al alero legal de la ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, cuyo propósito
básico se dirige a recuperar los bienes y valores públicos,
malhabidos por los aprovechadores de la función burocrática
y sus asociados dolosos.
La entidad desarrolló entonces una extensa labor investigadora;
centenares de expedientes recogen los resultados de aquellas búsquedas,
en las cuales debieron atender denuncias sensitivas contra personajes de
cúspide que al amparo de la impunidad habían depredado la
hacienda pública panameña, enriqueciendo indebidamente sus
patrimonios y los de sus acólitos beneficiados.
En varias averiguaciones se siguió la pista a dineros sustraídos
por el defenestrado General Manuel Noriega, de los fondos de las extintas
Fuerzas de Defensa, depositados en cuenta bancaria en el controvertido Banco
de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), en secreto del conocimiento
y manejo del castrense, que trasladó parte de esos valores a Inglaterra,
para realizar inversiones en empresas persas dedicadas a los quehaceres
inmobiliarios en Londres.
Ahora, después de casi siete años de gestiones y labores
de abogados ingleses y panameños, se recuperó siete y medio
millones de dólares de aquella cuenta bancaria, y se tiene confianza
en lograr otros cinco, en otras instancias inglesas.
Conviene señalar que la realidad panameña surgida del retorno
a la civilidad reclamó el establecimiento firme de una justicia fiscal
que localizara y recobrara los centenares de millones malversados, indebidamente
aprovechados, que permanecen en impunidad; sin embargo, las instancias parlamentarias
y políticas rechazaron aquella legislación propuesta, pensando
en aquello de "hoy te toca a tí; mañana me tocará
a mí".
Panamá requiere en su modernidad estatal adecuar sus instancias
juzgadoras a los renovados cánones fiscales, de manera que exista
una entidad con autonomía, propia legislación, enmarcada en
el texto constitucional, que realice las funciones de salvaguarda del patrimonio
público, de forma que los beneficiarios indebidos, las sustracciones
peculadoras, los acomodos y favoritismos, sufran los rigores del castigo
y permita el recobro cautelador de los valores traspuestos.
La experiencia de la DRP debe servir de punto de revaloración
y diseño de la justicia fiscalista que castigue a los burócratas
y sus asociados que hacen de los haberes públicos, fiesta y jolgorio
de despilfarro y ventajismo: En otras latitudes los Tribunales de Cuentas
funcionan con rigor y reclamando el correcto manejo de la Hacienda Pública.
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