La Defensoría del Pueblo exigió ayer al Estado panameño cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que establece indemnizaciones a los 217 trabajadores del antiguo IRHE destituidos mediante la Ley 25 durante el gobierno del presidente Guillermo Endara.
El Segundo Adjunto de la Defensoría, Guido Rodríguez, dijo que la sentencia es un compromiso internacional que debe ser cumplido de buena fe en los términos establecidos.
