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TEMAS DE ACTUALIDAD
Sistema Nacional de Salud

Dr. César Quintero Sánchez
La salud es un derecho y un deber de todo ser humano. Es sin duda la consecuencia de múltiples factores entre los que destacan los estilos de vida, la herencia biológica, el medio ambiente y la provisión de los servicios sanitarios. Panamá ha mejorado en forma ininterrumpida desde su fundación como República, los diferentes indicadores que reflejan el estado de salud de sus ciudadanos. Esto sin dejar de reconocer nuestra incapacidad real de alcanzar 4 de las 6 metas de la estrategia SPT - 2000, formuladas hace más de dos décadas y la creciente insatisfacción de los usuarios ante la falta de oportunidad, sobrecostos, ineficiencia, ineficacia e inequidad del actual sistema de prestación de servicios. Frente a todo lo anteriormente expresado se impone la decisión política de recorrer nuevos senderos en la manera de organizar nuestros exiguos recursos nacionales, para hacer frente a las necesidades crecientes y cada vez más costosas en el área de la salud, producto del crecimiento y envejecimiento demográfico, el encarecimiento tecnológicos y el cambio en el perfil epidemiológico de nuestras comunidades que se enfrentan por patologías infecciosas y se mueren de enfermedades crónicas y aquellas producidas como consecuencia de la convivencia social. Una de estas vías para asegurar a todo panameño la accesibilidad geográfica, cultural, funcional y económica a los servicios de atención integral de su salud, es el desarrollo de un Sistema Nacional Público de Prestación de Servicios Directos a las Personas, financiado por un lado con los recursos propios del Programa de Enfermedad y Maternidad de la Caja de Seguro Social y por el otro, a través del pago por parte del Estado de una prima que corresponda a lo necesario para garantizar la atención sanitaria integral para todos los habitantes indigentes de este país, que no posean un ingreso mensual permanente y suficiente para hacer frente en forma adecuada a las necesidades fundamentales. Este concepto por un lado elimina el prurito del asegurado cotizante o jubilado que expresa que él aporta una cuota para su atención de salud, cosa que el indigente o desocupado no realiza, ya que en esta nueva estrategia, el Estado pagaría la cantidad que se decida reconocer por este derecho. Por otro lado se hace necesario señalar que en el sistema actual de la CSS, los cotizantes sólo aportan el 0.5% para sufragar los subsidios económicos que demanda su enfermedad común o maternidad y que la totalidad del 8 por ciento que consume el programa de enfermedad y maternidad es sufragada por el patrono público o privado lo que nos trae como consecuencia neta, que esta erogación al final de cuentas es trasladada a toda la población panameña empleada o desocupada, en forma de pagos por el consumo de bienes y servicios. Debemos también aclarar que en ningún momento hemos pensado en aumentar en forma indefinida los aportes que el Estado realiza en forma sostenible al cuidado de la salud de sus ciudadanos, sino por el contrario, el cambio en el modelo de gestión y administración que será necesario desarrollar y que recién se inicia, el cual es diferente al innovador modelo de financiamiento que estamos promoviendo, mejorará en al menos un 30 por ciento la capacidad adquisitiva real de los actuales fondos disponibles, en los dos subsistemas públicos existentes de la CSS y MINSA. Ojalá y ahora que han terminado las pujas y negociaciones por la elección de la Junta Directiva y las Comisiones de la Honorable Asamblea de Legisladores, podamos dedicar sus costosas deliberaciones a asuntos como estos, realmente importantes y vitales para toda la población panameña y en especial para el 40 por ciento de los electores que viven en condiciones de pobreza.
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