Un anteproyecto de ley que plantea el establecimiento del trabajo comunitario como una alternativa para el cumplimiento de penas por delitos administrativos, fue presentado por el perredista Elías Castillo.
El legislador Castillo manifestó que el trabajo comunitario que realice el detenido tendrá que ser controlado por las autoridades públicas, además de establecer la prohibición que la condena de trabajo social cedida a personas particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado.
"Con esta iniciativa intentamos establecer la posibilidad de conmutar la pena de privación de libertad por la comisión de faltas administrativas, mediante la prestación de trabajo comunitario a solicitud del detenido", dijo Castillo.
El perredista indicó que el trabajo comunitario, como forma de conmutar una pena de cárcel, no debe ser visualizado como una actividad sinónimo de esclavitud ni utilizado en el sistema carcelario como un método de castigo físico.
