Los ex mandatarios que se convierten en senadores vitalicios no es una figura nueva en América y Europa. Ya existe en Chile, Italia y Paraguay. Lula, en Brasil; Alan García, en Perú; Alvaro Uribe, en Colombia y ahora en Panamá se han dado iniciativas en ese sentido.
Los que propugnan por esa figura alegan que los expresidentes son referentes de la sociedad y como tal deben participar en la vida del país planteando sus inquietudes y trasmitiendo sus experiencias para favorecer la continuidad de la democracia.
Sin embargo, algunos alegan que buscar una curul en el Senado u Organo Legislativo tendría la intención de garantizarle inmunidad a los que dejan el poder.
En el caso de Panamá, la inmunidad para los diputados en la práctica ya no existe. Ya no hay que pedirle autorización a la Asamblea Nacional para proceder a investigar y para juzgar a uno de sus miembros.
En la actualidad, la única ventaja que tienen los integrantes de la Asamblea, así como los diputados del Parlacen, es que deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
El que un ex presidente sea diputado vitalacio requiere una reforma a la Constitución de Panamá y es poco probable que en una consulta popular que aborde ese tema logre ser aprobado por los panameños, sobre todo porque conforme se desgasta un mandatario en el poder, menor es su oportunidad de lograr el respaldo del soberano en una modificación a la Carta Magna.
Al final del camino, la figura de los ex mandatarios actuando en calidad de diputados vitalacios no tiene mayor futuro en Panamá y quedará como una de tantas propuestas que se han lanzado en los últimos meses.