Mientras en la Mesa de Negociación se dan acuerdos, ante la opinión pública se habla del retiro de algunos participantes, sin que se perciba una conclusión favorable al país y todo porque parece imperar el afán de protagonismo y la polémica.
En un proceso de negociaciones se cede y se avanza, se hacen concesiones y se aprovechan oportunidades y nunca se pretende un acuerdo sobre la base de la intransigencia; es decir, todo o nada.
Cuando se estableció el Código de Trabajo, en el país no se habían instalado grandes empresas y solo se impulsaba la creación de empresas estatales, el centro bancario y algunas otras condiciones que hoy parecen elementos trasnochados que obligan a revisar y renovar las leyes laborales.
Tras 40 años de vigencia del actual código, la realidad ha cambiado de forma notable. Los inversionistas extranjeros reconocen las bondades del sistema panameño, sobre todo al incorporarse al proceso de desarrollo las áreas revertidas y entrar en auge sectores como el turismo, la tecnología, las comunicaciones y otro tipo de actividades.
Quizás el error del Gobierno ha sido llamar a un diálogo para tratar temas a los que todos reconocemos la necesidad de realizar cambios, en particular la cultura laboral, y por eso se ha mezclado en las negociaciones el germen de la política electoral de quienes aspiraran a ocupar cargos públicos a futuro.
La institucionalidad política se fortalece en el país con la llegada al poder de Ricardo Martinelli, cuya propuesta pertenece a la de los llamados gobiernos "diversos", porque no responden a conceptos ideológicos sino a programas sociales que tienen el objetivo ineludible de disminuir las desigualdades que favorezcan el crecimiento y el progreso.
En las organizaciones de izquierda se ha filtrado el gusanillo político porque han intuido que podrían llegar al poder si se ganan la voluntad popular, tal como ha ocurrido en Brasil, Uruguay, Ecuador y otros.
Lo ocurrido en Bocas del Toro y el paro de las obras de ampliación del Canal tienen matices político-electorales y se percibe que pretenden encontrar banderas de apoyo y la mejor es oponerse a las reformas laborales.
Antonio Zaffaroni, gerente del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dijo que "la huelga que paralizó cinco días las obras del Canal de Panamá, a principios de julio, fue una prueba con fines políticos, contra una polémica Ley aprobada por el Gobierno panameño".
La mesa del verdadero diálogo está en el Tribunal Electoral, entidad que debe crear las condiciones necesarias para que otros sectores se incorporen al proceso electoral del 2014. Dejemos a los gremios en su cauce normal, sin pretensiones políticas. Si Genaro López fuera elegido presidente, de seguro haría cambios más profundos por la necesidad de traer progreso al pueblo.
