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Principalmente los individuos que logran un puesto público elevado (ministro, viceministro, director o subdirector, legislador y hasta presidente) creen que son intocables, y nadie puede ni debe llamarles la intención sobre sus actos o sus omisiones.
No entienden que el cargo que ostentan recibe un salario que se logra con dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Cada ciudadano tiene derecho a preguntar y recibir informes periódicos de lo que hacen estos funcionarios; y tienen todo el derecho de quejarse cuando este individuo no cumple, o cumple a medias, con su trabajo.
Pero resulta que la persona que logra la Presidencia y sus vices, los mismo que el ministro y los suyos, el legislador, y los directores con sus adjuntos, consideran que al ser nombrados en el cargo se convierten en algo así como semidioses que no pueden ni deben molestados por la comunidad.
Cuando alguien -principalmente los periodistas, quienes se convierten en intermediarios entre la ciudadanía y los funcionarios- les pregunta sobre su gestión, o les cuestiona sobre algo que podría estar mal, se sueltan a decir que la prensa mantiene una campaña contra ellos, se molestan por las interrogantes, y se rasgan las vestiduras cuando se les censura.
Ellos son unos atrevidos que no saben ocupar su lugar: son servidores del Estado, y deben aceptar como buenas las preguntas que les hacen; deben responder sin dilación; y aceptar las críticas con altura porque no son los dueños de nada, ni siquiera de la silla donde se sientan. |
