El Juzgado Octavo Penal decretó ayer una medida cautelar al sindicalista Saúl Méndez, sobre quien pesaba una orden de arresto emitida por la Fiscalía Auxiliar, por los cargos de atentar contra la seguridad colectiva.
Méndez, quien se mantenía en la clandestinidad, no podrá salir del país y deberá reportarse cada 15 días ante la autoridad competente, determinó la jueza Ileana Turner.
El caso contra Méndez surgió en base a la declaración de Frederick Estadovis Mayre Barcasnegras, quien asegura que Méndez y otro sujeto conocido como Héctor, le ofrecieron el 15 de agosto a él y a otros "dos pela'os" $1, 000 y tres armas para disparar contra la marcha que FRENADESO programaba al día siguiente hacia la Presidencia.
Mayre alega que hubo un primer contacto con Héctor en una tienda en calle 13 de Río Abajo y luego otro en Plaza Carolina, adonde llegó Méndez, quien sacó dinero de su agenda y les dio $500 a cada uno en billetes de $100.
El sujeto afirma que en ese encuentro, Héctor sacó tres armas de un cartucho y que él tomó la automática, una pistola 380 marca FEG y modelo PMK-380 con serie No.14343, que le había sido hurtada el 25 de marzo de 2002 a un señor de apellido Sobrino.
Frederick dijo que el día de la marcha, ellos los llamarían para definirle dónde debían hacerse los disparos, ya que se pensaba hacerlo en los predios de la Procuraduría o por los lados de la Presidencia.
Al final, Frederick se echó para atrás y contactó a Félix García Caicedo, el "Dj Mckoy", quien lo llevó hasta la Procuraduría de la Nación para denunciar el hecho, que luego motivó la investigación de la Fiscalía Auxiliar y la orden de arresto contra Méndez.
La defensa de Méndez y el propio sindicalista han afirmado que es falso todo lo de las armas y el dinero.
Esto es una ocurrencia "de la gente de la Policía Nacional y el Gobierno, para desacreditar a un dirigente vertical que tiene el movimiento popular", señaló el abogado Carlos Herrera Morán.