La disputa salarial entre los gremios de educadores y el gobierno avivó una guerra de recriminaciones bilaterales sobre los beneficios económicos reales de la aprobación del proyecto de ley que fijó un impuesto de 5% sobre la venta bruta de una empresa.
El dedo acusador de la dirigencia sindical huelguista apunta contra el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Vallarino, quien asegura en su defensa que con la legislación anterior las partes involucradas en la compra-venta podían descontar los gastos deducibles de impuestos y disminuir o eliminar la ganancia y evitar así el pago del 30% de impuesto vigente.
La polémica se centra en la absorción financiera que completó el banco HSBC con Banistmo.
Vallarino manifiesta que la modificación de la ley obligó a los compradores a retener en la fuente el impuesto del 5% generado en concepto de la venta bruta sobre el valor de las acciones y pagarlo al fisco de forma inmediata.
La negociación HSBC-Banistmo permitió al Estado sumar en sus arcas B/.88 millones, recaudación que habría sido de cero centésimos, según el MEF, por los precedentes de elusión en la tributación en este tipo de transacciones.
Entre los años 2000 y 2004, las ofertas públicas de compra de acciones alcanzaron los B/.1, 273.2 millones, sin que ello representara ganancia de recaudación para el fisco.
En este rango de transacciones se sitúan los acuerdos alcanzados entre Banco del Istmo y Primer Grupo Nacional (2000); Corporación Incem y Accionistas (2000); Compañía de Cervezas Bavaria y Cervecería Nacional (2001); Beverage Inc y Cervecería Barú (2002); Coca-Cola y Accionistas (2002); Banco Continental y Grupo Wall Street Securities (2004); y Multi Holding Corporation y Accionistas (2004).
Durante el debate del mes de junio de la ley en la Asamblea Nacional, el ministro Vallarino manifestó que el proyecto introdujo el principio de "responsabilidad solidaria", es decir que cuando una empresa o tenedor de la acción no cumpla con pago del impuesto o con la retención, la fiscalización y verificación de las acciones nominativas detectarían el incumplimiento del pago.
DEBATE
En el primer debate el proyecto fue avalado con su firma por los diputados Pedro Miguel González, Carlos Alvarado, Rubén De León y Jorge Hernán Rubio, mientras que los diputados Carlos Afú, José Luis Varela y José Muñoz no suscribieron el informe que permitió el segundo debate en el pleno de diputados.