El pasado jueves 17 de agosto, el comentarista Juan Carlos Tapia comentó en su programa de TV que había recibido información de parte del canciller Samuel Lewis Navarro sobre la urgente necesidad de regular la entrada de extranjeros en Panamá.
Debido a la creciente ola de delincuencia y del paso de sicarios sudamericanos en Panamá, incluso hasta la misma comunidad colombiana radicada en nuestro país ve con buenos ojos que se ponga un visado a los colombianos que visitan el Istmo, decía Tapia en su programa.
Me decía un periodista de Bogotá que en Colombia hay 44 millones de personas. De ellos, sólo un 1% de la población se vincula al narcotráfico, la violencia armada insurgente y la delincuencia. "Sabes, esos malos colombianos son los que dañan la imagen del otro 99% de la población de nuestro país", acotaba el reportero, que casualmente es un muy cercano funcionario de prensa del presidente Alvaro Uribe Vélez.
El colocar visado a los colombianos y otras nacionalidades "problemáticas" es imperante para no sólo bajar la delincuencia y el ajuste de cuentas en Panamá. También estamos enfrentando el mismo dilema que tiene Estados Unidos y Europa con el desplazamiento de mano de obra barata, la cual reemplaza a los trabajadores locales.
Es evidente que también la crisis comercial entre Panamá y Colombia llega a la par de la posible implementación del visado a los vecinos sudamericanos. Pero, en realidad ¿quién sale perdiendo?
¿Cuántos panameños viajan a Colombia a realizar negocios o a pasear? Muy pocos. Algunos bajan en escalas técnicas en los aeropuertos de El Dorado, Cartagena, Medellín o Cali, pero nada más. Por el otro lado, son miles los colombianos que visitan Panamá sin regulación y de estos algunos no vienen con buenas intenciones.
Brasil, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y la Unión Europea ya han comenzado a reforzar el visado de ciudadanos colombianos, algo que muchos consideran injusto (yo también lo veo así) y una forma indirecta de discriminación. Pero el narcotráfico y la llegada de elementos indeseables han obligado a esta medida.
De ser cierto que la Cancillería y Presidencia panameñas plantean la posibilidad del visado a colombianos, recomendamos que esto sea aplicable de una forma justa y cónsona. De que se estudie adecuadamente el expediente de cada uno de los inmigrantes o turistas que pisan Panamá y por ello, la Dirección de Migración de nuestro país, así como el Ministerio de Gobierno y Justicia, deben adecuar sus sistemas para regular la presencia de extranjeros en el Istmo.
Ya hay denuncias y rumores que violadores de menores de edad declarados, buscados por la justicia internacional, pueden estar en Panamá. Es hora que Migración se ponga en las pilas y detecte también a estos peligrosos delincuentes.
