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Argentina dio un paso histórico para adecuar su legislación al Derecho Internacional al ratificar un tratado que declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y anular las llamadas leyes de la impunidad.
La decisión, adoptada por el Senado por amplia mayoría, y en medio del júbilo de numerosas personas fuera del recinto, abre un nuevo debate sobre la posibilidad de reanudar los juicios a los acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que mandó en el país entre 1976 y 1983.
Los senadores convirtieron en ley el proyecto gubernamental, que tenía el aval de la Cámara de Diputados, para ratificar la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de 1968.
Pero declarar "insanablemente nulas" las leyes conocidas como de Punto Final y de Obediencia Debida, tal como lo habían hecho la semana pasada los diputados, llevó a los senadores a largos debates.
Por esas polémicas normas, sancionadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), fueron exculpados más de un millar y medio de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
La decisión parlamentaria, que fue calificada de "histórica" por familiares de las víctimas de la dictadura y por organismos humanitarios, frena de hecho las peticiones de extradición de los represores formuladas por la Justicia de otros países.
El debate sobre las también llamadas leyes del perdón se disparó cuando el juez español Baltasar Garzón reiteró el mes pasado la orden de captura, con fines de extradición, de 45 militares y un civil por genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas.
DECISION JUDICIAL
Empero, la Corte Suprema de Justicia de Argentina no se siente presionada por la decisión del Parlamento de anular las leyes que libraron de responsabilidad a los represores, dijo su presidente, Carlos Fayt.
El máximo tribunal argentino debe pronunciarse sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. |