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EDITORIAL
Incongruencia oficial
Las discrepancias públicas entre la mandataria Mireya Moscoso y el contralor Alvin Weeden, en torno al uso de las instalaciones del centro de Salud de Pubelo Nuevo para inscribir adherentes para el oficialista Partido Arnulfista, ponen de manifiesto la incongruencia que ha caracterizado al gobierno actual. Ya no es una disputa entre dos ministros, directores de entidades o legisladores del Arnulfismo, se trata de la jefa del Ejecutivo y el encargado de fiscalizar las finanzas públicas. La presidenta ha dicho que el Tribunal Electoral autorizó el uso de los predios del centro de Salud para el proceso de sumar militantes al colectivo oficialista; y en honor a la verdad en anteriores ocasiones se han utilizado planteles para desarrollar una que otra actividad política partidista. Sin embargo, el artículo 130 de la Carta Magna prohíbe las "actividades de propaganda y afiliación partidista en las oficinas públicas". Todos los que circularon el fin de semana por el centro de Salud de Pueblo Nuevo, observó las banderas del Partido Arnulfista adornando las estructuras de esa dependencia del Ministerio de Salud. Al mismo tiempo, que la presidenta disminuía el hecho, el contralor Alvin Weeden, quien hasta hace poco fue fiscal del Partido Arnulfista, advertía que éste constituía un delito y que a los responsables les caería el peso de la ley. Si el Tribunal Electoral autorizó el uso del centro de Salud para la inscripción, debió asignar a un personal que supervisara esa actividad, para prevenir cualquier violación a la legislación electoral. De no existir una reglamentación sobre el uso de escuelas, centro de Salud u otras oficinas públicas para el proceso de inscripción de partidos políticos, los magistrados del Tribunal Electoral, deben preparar una para evitar los problemas que hoy se confrontan, los cuales ponen de manifiesto la incongruencia gubernamental. Lo sucedido entre la Presidencia y la Contraloría es ólo un ejemplo de la falta de coordinación entre las esferas oficiales. El otro ejemplo es la pugna a muerte que mantienen la Contraloría y la Dirección de la Caja del Seguro Social. Lo único bueno que se logra con esas diferencias, es que es muy difícil que se tapen o encubren los actos de corrupción que se puedan dar en las instituciones del Estado, ya que cada facción está vigilante de lo que hace la otra y cuando resbala, le cae la denuncia. En guerra avisada no cae soldado.
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PUNTO CRITICO |
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