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"Estado de conmoción"

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Bogotá
Agencias

Colombia vivirá durante noventa días, bajo el estado de conmoción interior, declarado ayer por el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Esta declaración fue justificada, como medida urgente, para preservar la seguridad del país y frenar la escalada terrorista de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El ministro del Interior y Justicia, Luis Fernando Londoño Hoyos, que hizo el anuncio, habló de "momentos excepcionales" por los que pasa Colombia, con una situación de "terror" provocada por "grupos armados cada vez con mayor capacidad destructiva".

¿QUE ES EL ESTADO DE CONMOCION INTERIOR?

El "estado de conmoción interior", que restringe algunas libertades y por el que el gobierno puede suspender algunas leyes, se declara cuando se presenta una "grave perturbación de orden público", que "atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana".

Está contenida en el artículo 213 de la Constitución.

Los decretos relacionados con esta medida excepcional "sólo pueden referirse a materias directamente relacionadas con la situación que determinó su declaración, no podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, y respetarán también el Derecho Internacional Humanitario".

Entre las facultades que otorga al gobierno esta situación está la de limitar los movimientos de las personas, controlar la radio y la televisión y someter a permiso previo o limitar la celebración de reuniones y manifestaciones.

También podrá el gobierno interceptar y registrar comunicaciones, con orden judicial, o disponer la detención preventiva de personas, asimismo con orden judicial.

El presidente podrá también suspender en sus funciones, a alcaldes y gobernadores, imponer contribuciones fiscales o parafiscales, así como modificar el presupuesto.

Uribe y su gobierno, que tomaron posesión el pasado miércoles, día 7, fueron testigos, ese mismo día, de los atentados ejecutados con lanzadores de cohetes que causaron la muerte de 21 personas en Bogotá, y de cómo algunos de los proyectiles impactaron contra la Casa de Nariño, sede de la Presidencia.

La primera medida decretada en el "estado de conmoción interior" ha sido el "impuesto al patrimonio", en el que se cobrará el 1,2 por ciento a todos los colombianos con un patrimonio líquido declarado igual o superior a 150 millones de pesos (unos 57.000 dólares).

Con este impuesto, el gobierno espera recaudar dos mil millones de pesos (unos 778 millones de dólares), con los que no sólo podrá fortalecer los organismos de seguridad, sino fomentar el crecimiento económico y el empleo durante los dos próximos años.

La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, indicó que tanto el "estado de conmoción interior" como el nuevo impuesto, fortalecerán principalmente a los organismos de seguridad con 10.000 nuevos agentes de la Policía, y la formación de dos brigadas móviles del Ejército, con 2.500 ó3.000 soldados.

La situación, también calificada de "dramática" por la ofensiva que llevan a cabo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha obligado a Uribe a tomar esta medida excepcional, sólo 96 horas después de haber asumido el cargo.

De acuerdo con informaciones de prensa, desde el año 2000 esta guerrilla, la más importante de las que actúan en el país, ha asesinado a 2.870 civiles y a más de 1.000 policías y militares.

Las FARC, con unos 17.000 combatientes, es la principal guerrilla colombiana y ha intensificado sus acciones terroristas desde enero pasado, por lo que el entonces presidente, Andrés Pastrana, rompió el 20 de febrero el proceso de paz que mantuvo con esa guerrilla durante tres años.

En los últimos cuatro años, el mandato de Pastrana, fueron asesinados 50 alcaldes en ejercicio y 87 concejales, y en más de 180 de los 1.098 municipios del país "no existe presencia de la fuerza pública".

Las FARC iniciaron en junio una campaña de amenazas de muerte contra más de un centenar de alcaldes, 1.000 concejales y otros funcionarios gubernamentales en 26 de los 32 departamentos del país, como estrategia para desplazar al Estado de amplias regiones y forzar un eventual proceso de paz con el gobierno de Uribe.

 

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