Las protestas de los ex trabajadores ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. En ese tribunal, los panameños piden que se obligue a Panamá a dar cumplimiento de una sentencia dictada en el 2001 en favor de 270 trabajadores estatales despedidos en 1990.
Los panameños afirman que desde 1990, los 270 trabajadores despedidos sufren problemas económicos y sociales, además de que les es difícil conseguir empleo porque la mayoría tiene más de los 40 años de edad.
