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Economistas aseguran que Carta de Intención es obligatoria
Rodulfo Barrios V.
Crítica en Línea
Economistas panameños aseguran que los puntos establecidos en la Carta de Intención firmada entre Panamá y el Fondo Monetario Internacional, son de cumplimiento obligatorio, pese a la diplomacia con que se maneja el tema. Para el economista, Rubén Lachman, es obvio que el FMI no sería radical al imponer medidas económicas por respeto a la diplomacia en las negociaciones; no obstante "si van a prestar más de B/. 85 millones, deben haber exigencias a cambio". "Ellos no van a prestar 85 millones en una sola transacción, pues para que Panamá reciba toda ese dinero debe cumplir con los compromisos que apuntan en la Carta de Intención", indicó. Afirmó que las obligaciones que contrajo el gobierno, van en contra la realidad del país, por lo que manifestó su discrepancia con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Lachman asegura que el mayor problema que confronta Panamá es su déficit fiscal. Indicó que este país no tiene una política económica definida debido a que no posee una banca central y esto trae como consecuencia la inexistencia de un control de la oferta monetaria. Esta situación sólo deja como alternativa manejar la economía panameña a través de una política fiscal, la cual no ha dado los mejores frutos en los últimos años, expresó Lachman. Mientras tanto el director del Departamento de Teoría de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, William Hughes, coincidió con Lachman al señalar que pese a que las autoridades panameñas lo niegan, el monto prestado por el FMI será concedido siempre y cuando Panamá cumpla con los puntos del acuerdo. "Si los gobiernos quieren dinero tienen que cumplir con los requisitos que establece las instituciones financieras", indicó el también profesor universitario. Asegura que el mayor problema en la firma de este acuerdo es que la administración panameña no tiene profesionales lo suficientemente preparados para debatir con los representantes del FMI. Recordó también que para poder evitar acciones como éstas en el futuro, es necesario que el gobierno separe las finanzas estatales de la política criolla. Agregó que no se puede tener a personas que funcionan con criterios políticos manejando los dineros del Estado ya que el país estaría en desventaja aceptando todo lo que dice los representantes del FMI. Hughes criticó a los miembros del Gobierno al señalar que "no tienen ni idea de los efectos que tendrán estas medidas en la economía panameña, ya que ni siquiera se han hecho estudios para determinar el alcance de las mismas".
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