La democracia no la hacen los gobiernos ni los políticos, sino la acción ciudadana y esto comienza a comprobarse en Panamá, cuando dos movimientos marcan la ruta de los acontecimientos: el de los mártires del transporte y el de los envenenados por medicamentos contaminados con dietinelglycol.
Los tiempos en que la justicia panameña solucionaba los casos buscando culpables parece llegar a su final, porque ahora nos encontramos ante un pueblo con mayor voluntad de participar y que deja atrás la patria boba de otras épocas.
En el caso del transporte, tanto los familiares como las víctimas del autobús incendiado, no han podido ser convencidos de que los responsables absolutos del nefasto hecho hayan sido tan solo los dueños del vehículo, porque existe detrás de todo esto una trama que comienza en el exterior y que tiene como cómplices a algunos empresarios y funcionarios.
Por el lado de los pacientes envenenados, también se puede decir que el origen del mal ha sido el extranjero porque se encuentran involucradas empresas de China y de España. Nadie piensa que toda la responsabilidad de este caso deba caer también sobre dos hermanos, que a simple vista parecen no ser los dueños de la compañía local que distribuyó el material contaminado.
Inclusive, en este caso queda al descubierto que se compró mucha más sustancia de la necesitada, llegando la sombra de los turbios movimientos a posarse sobre la pasada administración.
Los dos movimientos ciudadanos demuestran con su actitud que el problema no es solo de una indemnización, ni de ventajas ni prebendas, por que los familiares de los pacientes y de los fallecidos en el autobús quieren demostrar que en este país ha llegado el momento de que la justicia alcance a los poderosos.
El gobierno y las autoridades deberán comprender que en el ámbito internacional, a raíz de este asunto, occidente ha formado una barrera que aísle a China por los descuidos y situaciones anómalas en su política de sanidad alimentaria y medicamentosa.
A todo lo anterior debe agregarse el caso de las pastas dentales en cuya fórmula también se encontraba cierta cantidad del tóxico dietinelglicol, lo que demuestra que todavía quedan muchas cosas por hacer en los niveles intermedios del gobierno.
Por último, los afectados se dirigen a la Presidencia de la República para buscar soluciones más directas a sus respectivas situaciones y terminan, como resultado de la lentitud burocrática existente en el país, en una confrontación con unidades de los servicios de seguridad, que no deciden nada ni toman decisiones en este asunto.
