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ABRACADABRA
"Crónica de un sabotaje anunciado (II)"
"Los legisladores del PRD y otros partidos se oponen férreamente a la convocatoria de una Constituyente, porque esta corporación democrática eliminaría de un tajo los escandalosos salarios y privilegios de que gozan los integrantes de la Asamblea"
 Carlos Guevara Mann
Colaborador
El 11 de mayo de 1999, Mireya Moscoso emitió un comunicado en el cual solicitó a los empleados públicos con mando y jurisdicción abstenerse "de hacer contrataciones o asumir compromisos más allá del día en que finaliza el período de Pérez Balladares." El PRD, que no pierde oportunidad alguna para hacerse pasar por víctima (cuando en realidad es el victimario del pueblo panameño), enseguida declaró que el comunicado de la presidenta electa era el anticipo de la "persecución política" que se desencadenaría en contra de los miembros de la cúpula. Eso afirmaron cínicamente dirigentes del partido gobernante, como si ponerles un alto a las numerosas irregularidades ocurridas bajo el actual gobierno no fuese una necesidad imperiosa y una exigencia generalizada de la población. Aun así, el secretario general del Partido Arnulfista, Víctor Juliao, aclaró que el comunicado lo que busca es evitar que las contrataciones del PRD afecten al gobierno de Mireya Moscoso (El Panamá América [EPA], 13 de mayo). Precisamente hacia este objetivo, el de menoscabar la gestión del próximo gobierno, es que han estado encaminadas todas las acciones del PRD desde el 3 de mayo hasta la fecha. El 13 de mayo Carlos Smith, uno de los legisladores del PRD "reelectos" gracias a las partidas circuitales y la manipulación electoral, advirtió que Mireya Moscoso podría ser sometida a juicio político si convoca a una Constituyente (EPA, 14 de mayo). Los legisladores del PRD y otros partidos se oponen férreamente a la convocatoria de una Constituyente, porque esta corporación democrática eliminaría de un tajo los escandalosos salarios y privilegios de que gozan los integrantes de la Asamblea, mientras que la mitad del pueblo vive bajo condiciones de pobreza y hacen falta recursos para satisfacer las urgentes necesidades de la población. El 15 de mayo, El Panamá América dio cobertura a quejas de que la ARI, dirigida por el expresidente perredista por fraude, Nicolás Ardito Barletta, "quiere entregar el 'trofeo' de las áreas revertidas a los poderosos del país y no a la clase popular, media y profesional." Estas sospechas quedarían confirmadas a mediados de junio, cuando la Asamblea aprobó la ley que concede primera opción de compra a los arrendatarios de casas revertidas, entre ellos legisladores y otras fichas de la cúpula perredista (EPA, 17 de junio). El 16 de mayo, El Panamá América informó que los estudiantes de Relaciones Internacionales se oponían a la aprobación del proyecto de ley sobre carrera diplomática, impulsado por representantes de la cancillería, la mayoría de ellos del PRD o allegados a la cúpula de ese partido, con el único fin de conservar sus lucrativos cargos bajo el próximo gobierno. Pese a estas justificadas protestas, el 7 de julio la Asamblea aprobó la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que dispone que los miembros del servicio diplomático tendrán que ser ratificados por la Asamblea Legislativa, controlada por el PRD (EPA, 9 de julio). En esos mismos días comenzó a exteriorizar el PRD sus intenciones de designar como contralor general de la República a uno de sus miembros. Manifestaron interés en ocupar el cargo el actual vicepresidente, Tomás (Fito) Altamirano Duque; Gerardo González, presidente de la Asamblea y del PRD; y Carlos Vallarino, exviceministro de Planificación y jefe de campaña de Martín Torrijos, entre otros. En reacción a esas intenciones, Víctor Juliao vaticinó que surgirían problemas si el PRD pretende gobernar el país a través de su mayoría en la Asamblea. Indicó Juliao también que el nuevo gobierno se vería en la necesidad de solicitar la renuncia de funcionarios nombrados por el actual Ejecutivo, como los comisionados del Ente Regulador (EPA, 17 de mayo), cuyo desempeño se ha caracterizado por la defensa incondicional de los intereses de las empresas extranjeras que controlan los servicios de telefonía y electricidad, en detrimento de las necesidades del pueblo panameño.
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