En el negociado de la venta de las exoneraciones de autos introducidos por diputados y miembros del Parlamento Centroamericano, ha sido calificado con buen tino como una maleantería política.
Se trata de un evidente caso de corrupción, donde se involucra no sólo a los políticos, sino a empresarios que venden esos vehículos y los que le compran esa prerrogativa a los diputados de la Asamblea y del Parlacen.
Gente que percibe salarios de entre 7 mil y 10 mil balboas no debe tener derecho a introducir vehículos de lujos libre de impuesto de importación, que luego son vendidos para lograr una jugosa ganancia.
La alianza Patria Nueva tiene una mayoría en la Asamblea Nacional, que le permite fácilmente derogar ese foco de corrupción que representa ese privilegio de los citados políticos.
Cuando se le aprieta tributariamente a otros sectores de la sociedad como a la clase media y a los profesionales, resulta imperdonable que se mantenga vigente esas escandalosas exoneraciones.
Sería iluso pensar que los diputados estén dispuestos a presentar un proyecto para eliminarse ese beneficio. El presidente de la República, que a su vez es el secretario general del partido gobernante, tiene la fuerza necesaria para borrar esas exoneraciones para la compra de autos Ferrari, Maseratti y Porsche.
No se puede andar con medias tintas. Los políticos no deben tener esos privilegios. Cada día el país amanece con un escándalo y el Ejecutivo debe tomar el toro por los cuernos y enviar un mensaje claro, de que no se permitirá más la malentería.