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A raíz de las numerosas expresiones de protestas de diversas organizaciones, medios de comunicación y de personas particulares, sobre el tratamiento que las autoridades gubernamentales le brindaron al caso de desalojo de los inquilinos de la Renta 5 que la propia Presidenta de la República Mireya Moscoso impartió instrucciones a los funcionarios responsables de las áreas involucradas para que el Ministerio de Vivienda (MIVI) en conjunto con la Caja de Seguro Social (CCS) procedieran a planear la construcción de un inmueble en la calle 15 de Río Abajo, con la finalidad de alojar a las 27 familias de la Renta Cinco que están albergadas en los dormitorios del Estadio Juan Demóstenes Arosemena.
ENTIDADES COORDINAN
Para realizar esta actividad el titular del MIVI, Miguel Cárdenas ha coordinado con el Dr. Juan Jované para que el Seguro Social aporte los materiales de construcción y el lote, mientras que la mano de obra estará a cargo del Ministerio.
La solución habitacional contará con dos plantas, batería sanitaria comunal y cada familia tendrá un cuarto por separado. Entre los moradores del viejo inmueble hay 70 niños y 30 adultos.
Según Cárdenas para ofrecer esta respuesta se evaluaron varias alternativas entre ellas terrenos de la CSS, el Banco Hipotecario y privados.
Se calcula que las familias que no cuentan con capacidad de pago permanecerán unos 10 días en el estadio hasta que concluyan los trabajos de construcción.
Agregó que para mantener este albergue temporal, el MIVI sólo recibió el apoyo del Fondo de Inversión Social (FIS) y de la Presidencia de la República.
El Ministro de Vivienda reiteró que había advertido a la CSS que no desalojará a las familias de Renta Cinco si no tenía donde reubicar a las familias.
El edificio Renta Cinco fue construido en 1944 y fue condenado en marzo de 1993 por el Cuerpo de Bomberos.
Desde entonces, el MIVI había entregado 126 soluciones tipo apartamentos, así como otro número plural a través del PARVIS, asistencias habitacionales y lotes servidos, para residentes de esta Renta. Además, decenas de familias buscaron sus propias soluciones de viviendas en urbanizaciones privadas. Sin embargo, los apartamentos vacíos eran vueltos a ocupar una y otra vez.
Las 28 familias desalojadas de la Renta 5, dicen no contar con familiares ni recursos para lograr una solución habitacional satisfactoria o decorosa.
La noche del traslado al Estadio Juan Demóstenes Arosemena más de 100 funcionarios del MIVI, construyeron 28 cubículos bajo las graderías en un tiempo récord, así como dos baterías de duchas y sanitarios, lo que demuestra que una debida coordinación a tiempo hubiera evitado el bochorno nacional e internacional que ha vivido la sociedad panameña con este caso.
OPINION DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
El Licdo. Juan Antonio Tejada Espino Defensor del Pueblo de la República de Panamá ha emitido la siguiente opinión en relación con la problemática social de las familias y personas desalojadas de edificios condenados y de tierras invadidas.
El Capítulo 6º. de la Constitución Política de la República de Panamá, dedicado a la Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, consagra en su artículo 113 el derecho social que tiene toda la población, de contar con una vivienda y obliga al Estado a establecer una política nacional de vivienda, destinada especialmente a los sectores de menor ingreso.
Antes, durante y con posterioridad al desenlace final del desalojo de los moradores de la Renta 5, ha sido palpable la descoordinación existente las distintas instancias estatales, encargadas de ofrecer al menos las soluciones de carácter temporal, un techo seguro donde pasar las noches y un lugar donde desarrollar aunque sea en grado mínimo, las actividades cotidianas en la vida de cualquier ser humano.
Desde el día 17 de marzo del año que transcurre, los titulares de los medios impresos, daban cuenta del inminente desalojo de la renta 5. Resulta por tanto inaudito que habiéndose producido el mismo casi tres meses después de que fueron difundidas dichas noticias (ver Diario El Universal, 17, 26 y 29 de marzo de 2002; La Estrella de Panamá, 20 y 31 de marzo de 2002; Diario El Siglo, 20, 24 y 27 de marzo, Crítica, 20, 26 y 29 de marzo de 2002; El Panamá América, 22, 26 y 28 de marzo de 2002 y Diario La Prensa, 30 de marzo de 2002), a la fecha del desalojo, 34 familias, compuestas muchas de ellas por niños menores, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos, no hayan recibido una atención al menos parcial; de parte de las autoridades que en representación del Estado, ejercen la sagrada misión de velar por la vida de los asociados.
Todo ello sin tomar en cuenta, que la mayoría de las personas que fueron invitadas a desalojar el inmueble, han buscado refugio en familiares y amistades, contribuyéndose en varios de estos cargos a agravar el hacinamiento urbano y a deteriorar la calidad de vida de los solidarios ciudadanos que se han conmiserado con sus familiares y semejantes.
EL DEFENSOR PIDE POLITICA SOCIAL
Urge del diseño y adopción de una política estatal clara y solidaria, que busque facilitar la atención en procura de una solución de vivienda, al segmento de población que se mueve en el ámbito del sector informal de la economía. La flexibilización de las condiciones para acceder al crédito hipotecario de carácter estatal, debe ser una de las condiciones esenciales de esa nueva dinámica social.
Igualmente se requiere de un mecanismo de coordinación interinstitucional para casos de emergencia, ya sean estas causadas por los elementos de la naturaleza, como inundaciones o fuegos, o por causas jurídicas, como desalojos masivos de edificios condenados y parcelas invadidas.
El Estado tiene la obligación de brindarles protección y atención inmediata a las personas que resulten damnificadas en eventos de emergencia como los antes descritos, especialmente a aquellas pertenecientes a los sectores menos favorecidos económicamente. Sin paternalismo pero con responsabilidad. Si ello no fuera así, la organización de la sociedad a través del organismo estatal, no tendría ninguna razón de ser. |
