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21 panameños muertos por bombas de EEUU
Jean Marcel Chéry
Crítica en Línea
Al menos 21 panameños han muerto a causa de explosivos no detonados en instalaciones del Comando Sur y sus familiares no han indemnizados por Estados Unidos, reveló el secretario general de la Cancillería, Daniel Delgado Diamante. Entre las víctimas figuran Aníbal Villarreal (14 años), Domingo Avila (25 años) y Agustín Cruz (17 años). Esas muertes de registraron en 1988 y 1989. Agustín Cruz se dedicaba a la recolección de latas en el polígono de Nuevo Emperador, cuando le estalló el explosivo. Los norteamericanos le dieron una indemnización de $5,000 a sus familiares, que residen en Burunga. La muerte de Villarreal y Avila, otros dos recolectoresde latas, se produjo en el sector Los Ocueños, en Cerro Silvestre, quienes habían encontrado un torpedo, que intentaron apachurrar y les explotó. Algis Aristides Amores, resultó mutilado. De las 132,000 hectáreas de terrenos utilizadas por el Comando Sur, más de 3,175 hectáreas presentan contaminación. Panamá ha exigido la limpieza total de esas áreas o el pago de una indemnización, pero Estados Unidos pretende cobrar una compensación por el valor residual de las bases revertidas, según advirtió el presidente de la Democracia Cristiana. El artículo 4 de los Tratados Torrijos-Carter, el mismo que utiliza Panamá para reclamar la limpieza de los polígonos introduce el tema de la "compensación por valor residual". En la reversión de los fuertes Davis y Espinar, EEUU les asignó un valor residual de $145 y 13.8 millone, respectivamente. Por su parte, el canciller Jorge Ritter reconoció que la limpieza de las áreas contaminadas depende de la "buena fe" que EEUU, que mantiene la "deuda moral que no tiene prescripción", de cumplir con el saneamiento de esos sitios. Así mismo indicó que la Cancillería respaldará cualquier demanda que interpongan los familiares del joven Kelvin Pérez Sánchez, de 17 años, por las lesiones que sufrió, cuando un artefacto le estalló en el rostro, la semana pasada en Río Hato.
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Así mismo indicó que la Cancillería respaldará cualquier demanda que interpongan los familiares del joven Kelvin Pérez Sánchez, de 17 años, por las lesiones que sufrió, cuando un artefacto le estalló en el rostro, la semana pasada en Río Hato.
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