Ediles desisten de aumento por repudio popular

Honduras
ACAN-EFE

L
as máximas autoridades de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, desistieron a un jugoso incremento salarial que pretendían hacer efectivo a partir del presente mes, por el repudio popular y las críticas de la prensa.

A finales de junio pasado, por iniciativa de uno de los regidores municipales, el pleno de la corporación decidió un incremento que fijaba el salario del alcalde, Roberto Larios Silva, de 15,000 a 50,000 lempiras (de unos 1,130 a 3,770 dólares).

Los regidores, por su parte, pasarían a ganar de 12,000 a 35,000 lempiras (de unos 905 a 2,641 dólares).

Muchos sectores sociales consideran que el incremento salarial era justo, pero no en la proporción que pretendían los munícipales.

Larios Silva, quien hace más de 20 años fue alcalde de San Pedro Sula, y a quien se le reconoce como un hombre honesto y por la buena labor que desarrolló como autoridad local, dijo ayer que él no propuso el aumento salarial, sino que un regidor.

La resolución de no aprobar el reajuste salarial fue emitida anoche tras una larga sesión del alcalde con sus regidores.

Larios Silva había dicho antes que era justo un aumento salarial, porque en la municipalidad hay demasiado trabajo, y que los miembros de la corporación muchas veces tienen que sacfificar sus actividades privadas para servir en cargos públicos en los que devengan bajos sueldos.

Además, un funcionario con un buen sueldo, difícilmente se puede prestar a actos de corrupción, bajo el injustificado pretexto de que tiene un bajo salario, según Larios Silva.

El decisión de los ediles de no aprobar el aumento salarial, que había sido propuesto por un regidor del opositor Partido Nacional, ha sido elogiada por muchos ciudadanos de San Pedro Sula.

Otros consideran que los ediles se han ido a los extremos, y que deberían aprobarse un aumento salarial justo, porque el actual es muy bajo en comparación con sus cargos y el alto coste de vida en Honduras.

En este país, con una población de seis millones de habitantes, de los que el 80 por ciento viven entre la pobreza y la miseria, hay funcionarios que ganan salarios que superan los 5,000 dólares mensuales, mientras que el sueldo mínimo de un obrero en muchos casos no llega a los 120 dólares.

Un sector de la empresa privada ahora se opone a que el salario mínimo sea de 2,800 lempiras mensuales (unos 211 dólares), porque según ellos eso provocaría mayor inflación.

Los empresarios aceptarían el nuevo salario mínimo de 2,800 lempiras, pero reducirían el 50 por ciento de su personal, según dijo el pasado martes el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Antonio Tavel Otero.

 

 

 

 

 



 

A finales de junio pasado, por iniciativa de uno de los regidores municipales, el pleno de la corporación decidió un incremento que fijaba el salario del alcalde, Roberto Larios Silva, de 15,000 a 50,000 lempiras (de unos 1,130 a 3,770 dólares).

 

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