Las guerrillas de las FARC continuaron sin explicar la muerte de 11 diputados que estaban en sus manos, pero insisten en que para el intercambio humanitario es necesaria la desmilitarización de dos municipios del suroeste colombiano.
El portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, no respondió a la pregunta de qué fue lo que pasó con los 11 diputados muertos, incluida en un cuestionario enviado por el noticiario Noticias Uno.
Luis Edgar Devia, verdadero nombre de Raúl Reyes, divaga diciendo que "en los planes de rescate ordenados por (Alvaro) Uribe (el presidente colombiano), participan las fuerzas estatales, paraestatales al servicio de la fracasada política de seguridad democrática".
Las respuestas de Reyes están fechadas el 30 de junio, dos días después de que esa organización dirigiera cartas a familiares de las víctimas.
La muerte de once de los doce diputados secuestrados por las FARC el 11 de abril de 2002 en Cali, capital del Valle del Cauca, se produjo el pasado 18 de junio en un "fuego cruzado" con "un grupo militar no identificado", según las FARC, versión rechazada por el Gobierno que les acusa de asesinarlos.
El Gobierno insiste en que los rebeldes no entregan los cadáveres para evitar responsabilidades jurídicas y para no permitir que la ciencia forense pueda definir, con certeza, la forma en que murieron los 11 diputados, que formaban parte del llamado grupo de canjeables, entre los que está la ex candidata presidencial, la colombo francesa Íngrid Betancourt.
Lo que sí deja claro Reyes es que las FARC insisten en que para el acuerdo humanitario, es indispensable el despeje de Pradera y Florida, municipios del departamento del Valle del Cauca (suroeste), a lo que el Gobierno se niega.