Sábado 6 de julio de 2002

 

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  OPINION

EDITORIAL
Legisladores sin inmunidad

Los legisladores desde hoy no gozan de inmunidad. La lógica indica que el Ministerio Público debe retomar las investigaciones del peor escándalo de corrupción que ha sacudido al país en la última década: el supuesto cobro de coimas para aprobar el proyecto del Centro Multimodal y por ratificar a magistrados.

Ante la negativa de la bancada oficialista de no levantarse la inmunidad, existía la posibilidad de que todo quedara en nada. La inmunidad es como un escudo que protege a los legisladores de cualquiera investigación.

Un gran número de legisladores ha hecho caso omiso a una exhortación del procurador José Antonio Sossa, para que se produjera una renuncia colectiva de la inmunidad, con el fin de permitir las pesquisas y perfeccionar las sumarias iniciadas en enero pasado.

Durante meses, los legisladores han tratado de ampararse en aspectos jurídicos para no despojarse de su inmunidad, sin entender que más que un problema legal, estamos frente aspectos de moralidad.

Las acusaciones de corrupción de cobrar miles de dólares y prebendas a manera de canje por aprobar el proyecto del Centro Multimodal y la ratificación de magistrados de la Corte Suprema, mantuvo sumergido en el desprestigio a la Asamblea.

Aunque ya ha bajado la efervescencia de los ánimos de quienes reclamaban el cierre de la Asamblea, la actitud de mantener archivado puede atizar las protestas de un pueblo desencantado con los políticos y que ya perdió las esperanzas de un mejor futuro.

La Procuraduría debe retomar su trabajo. La inmunidad representaba una ventaja sobre los agentes del Ministerio Público que tratan de esclarecer uno de los mayores casos de corrupción del país, pero durante dos meses se pueden lograr grandes avances en la investigación.

La gente no olvida las imágenes de legisladores recibiendo sobres de "mamey". La figura de la inmunidad existe en todos los parlamentos del mundo. Su origen radica en la necesidad de proteger a los parlamentarios de una posible persecución por parte del Ejecutivo, pero en el caso ocurrido en Panamá, sólo sirve de impunidad. Hoy día no hay inmunidad, por lo tanto es obligación de la justicia, que no se prolongue la impunidad.

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