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Los alcaldes de Panamá, San Miguelito y últimamente Arraiján, han puesto en vigencia en sus jurisdicciones, los llamados toques de queda, como una medida para contrarrestar la ola de violencia que se ha desatado en todo el país.
Compartimos en su totalidad esta iniciativa, porque los ribetes de los actos delictivos que se cometen, son cada vez más escalofriantes, las víctimas son desde niños que ni siquiera balbucean palabras, ancianos y hasta impedidos de ambos sexos, lo que no es óbice ni obstáculo para que los criminales, de todas las edades, sientan el menor remordimiento cuando se ensañan contra sus vidas. Pero con la emisión del decreto o la resolución que ampara la medida del toque de queda, no basta. Hay que ir mucho más allá.
La situación que estamos viviendo, no es para granjearse simpatías políticas sino para erradicar un mal que se acentúa a cada instante incrementando las negativas estadísticas que Panamá jamás había registrado.
Siendo así, nunca serán suficientes medidas que se queden en papel y se acumulan como parte de una obra administrativa alcaldicia que jamás se implementó y que no pasó de ocupar un espacio en los medios de comunicación.
Para que sea realmente efectiva esta acción, no se debe circunscribir a los menores de edad que sin ninguna justificación, pululan por las calles a altas horas de la noche, ni a los universitarios que están obligados a portar los carnets que los identifica como tal. También debe aplicarse a los adultos que a pesar de tener una cédula que los identifica, no poseen una credencial que indique si trabajan, pero que merodean sospechosamente por todas partes buscando el momento oportuno para cometer sus fechorías.
Por otra parte, autoridades y ciudadanos debemos estar conscientes que el vandalismo y el irrespeto hacia la vida y bienes ajenos está tan arraigado actualmente, que a plena luz del día, en medio de cualquier calle, frente a cualquier colegio o iglesia, jóvenes de ambos sexos, lo mismo que adultos huérfanos de vergüenza, venden y consumen drogas sin importarles que son observados por personas que no comulgan con esos atropellos que se cometen contra la moral y las buenas costumbres.
Corresponde entonces a las autoridades pertinentes abrir un abanico de fórmulas que nos permitan denunciar y recibir respuestas inmediatas y efectivas, cuando se cometen hechos punibles; que se aplique sin contemplaciones todo el rigor de la ley a los culpables; y purgar los estamentos administrativos donde se compruebe que existe incapacidad, temor o complacencia con aquellos que ante sus propios ojos, violan las leyes e incurren en flagrante irrespeto a la ley y a la gente decente. |
