Para la Alianza Ciudadana Pro Justicia, los diputados que incurran en delitos comunes deben ser llevados a la justicia ordinaria como el resto de los ciudadanos.
La Alianza hace cuatro años realizó un estudio sobre las inmunidades en Panamá y llegó a la conclusión que el sistema de juzgamiento de los diputados panameños debe ser reformado.
"Las inmunidades y prerrogativas se deben restringir a las conductas ilícitas de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos y no deben tener alcance respecto de los delitos comunes", señala una de las conclusiones a la que llegó la organización de la sociedad civil.
Se contempló que en el juzgamiento de los diputados no se deben incluir materias ajenas al ejercicio del cargo dentro de las prerrogativas e inmunidades, ya que estas no se deben extender al ámbito civil, laboral, familiar, administrativo o de delitos comunes.
Consideran que no es conveniente que dos Órganos del Estado se juzguen e investiguen entre sí. Por ejemplo, mencionaron que la Asamblea Nacional juzgue a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que en la Corte juzgue a los diputados.
La Federación Interamericana de Abogados concluyó en un informe regional que las perrogativas e inmunidades para los diputados son consideradas desfasadas y sin utilidad práctica. Las críticas surgen tras el juicio contra el diputado Fausto Misselis en la Corte la semana pasada por el delito de narcotráfico.
