Miembros de la Asociación de Restaurantes de Panamá insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional reconsidere convocar un nuevo acto público de licitación que, según ellos, garanticen pliegos de cargos para una competencia justa y que no preserve únicamente los intereses económicos extranjeros.
Durante varias semanas dirigentes de esta asociación han sostenido una polémica con personeros gubernamentales y directivos de la empresa de capital salvadoreño y guatemalteco Alimentos Prácticos S.A. (ALIPRAC), beneficiada recientemente con un millonario contrato para el suministro de comidas preparadas para reclusos de la cárceles de Panamá y Colón.
Rino Tamburrelli, presidente de la Asociación de Restaurantes, es del criterio que la figura de selección de contratista con que se escogió a ALIPRAC “no fue la más transparente, justa ni equitativa”.
El empresario destacó la “inflexibilidad” demostrada desde el principio del proceso por autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Sostuvo Tamburrelli que para la asociación es preocupante que se haya contratado una empresa como ALIPRAC cuya capacidad técnica, administrativa, y financiera es desconocida.
Los directivos de la asociación son del criterio de que el esquema centralizado que propone el Ministerio de Gobierno para la preparación, despacho y consumo de los alimentos, es cuestionable.
CONTRATO
La empresa ALIPRAC ultima los detalles para formalizar con el Estado un contrato de cuatro años por un monto de B/.32 millones y que según los críticos de dicho contrato dejará a un 22% de la población carcelaria desprovista de los alimentos por sistema centralizado que propone el acuerdo.
Tamburrelli aseguró que el contrato con el consorcio extranjero compromete a un postor que no cuenta con infraestructuras física, soporte administrativo, medios propios de producción, ni recursos materiales, financieros ni humanos para hacerle frente al cumplimiento del contrato.
Pese a todo ello, asegura el empresario, se dejó por fuera una serie de recomendaciones que mejorarían el pliego de cargo para permitir el paso proveedores nacionales con capacidad y experiencia para el suministro alimenticio.
Cabe destacar que el polémico contrato está pendiente de autorización y refrendo por parte del Consejo Económico Nacional (CENA) y su paso por el Consejo de Gabinete por razón de su cuantía.
Los agremiados a la Asociación de Restaurantes de Panamá proponen un esquema descentralizado que establezca en cada centro carcelario cocinas, que permita la atención del 100% de la población penitenciaria.
