Los certificados de operación del transporte selectivo, nombre con que se le conoce a los taxis, han sido con regularidad objeto de malos manejos y hasta rapiña por parte de los políticos locales que los utilizan para conseguir clientela en tiempos de elecciones y para favorecer a amigos y familiares. Hace unos días, observé en los predios del Instituto Nacional a unos señores que portaban pancartas en protesta, porque la Autoridad del Tránsito no les ha entregado en la provincia de Chiriquí, los cupos para operar que, a su juicio, les corresponde, ya que son trabajadores del volante.
Por el contrario, me dijo uno de los transportistas chiricanos que los cupos los están manejando políticamente, mientras hay palancas que se han pasado hasta 20 años laborando en la actividad sin que se les haya compensado con uno de estos beneficios para llevar el sustento a sus casas.
Esta práctica de nepotismo oficial, desde las altas esferas de los partidos políticos y oficinas refrigeradas del estado, derivan en un insulto a humildes panameños que buscan ganarse la vida honradamente para llevar el sustento a sus hogares, antes de que andar delinquiendo.
Altos funcionarios del Gobierno, en asocio con dirigentes transportistas y diputados, que jamás han puesto sus posaderas detrás de un timón de taxi son dueños no de uno, si no de varios de estos certificados de operación, gracias al tráfico de influencia imperante en la cúpula gubernamental y sindical. Solo les queda a estos sacrificados trabajadores que sudan de sol a sol y exponen sus vidas hasta altas horas de la noche, la alternativa de escoger a auténticos directivos para conducir sus organizaciones, y no a demagogos que al final terminan actuando para su propio bienestar y pecunio. Hasta estos documentos, que son expedidos a bajo costo, se han convertido en instrumentos de la ola de especulación que golpea la economía de los que menos tienen en este país.
