 |
Los detenidos fueron interrogados este mismo viernes por la policía, y muchos de ellos fueron liberados.  |
Las protestas civiles en barrios del norte y nordeste de Santo Domingo se extendieron al sur del país, al tiempo que organizaciones humanitarias desataron un escándalo al acusar al jefe policial, Pedro Candelier, de violar la ley al enviar a la televisión un vídeo de un menor que se autoincrimina por participar en las revueltas.
Las disturbios dejaron cuatro muertes a tiros en las últimas dos semanas, todas en el populoso barrio Capotillo de Santo Domingo y dos de las cuáles son atribuidas por la procuraduría general a agentes de la policía.
Las protestas se expandieron primero a otros barrios populares de Santo Domingo y después a comunidades del norte del país, especialmente Valverde, donde hubo una violenta huelga de tres días, que desató una cacería de dirigentes organizadores del paro.
La situación de la policía se vio aún más comprometida con la difusión de un video que mostraba a un comandante del cuerpo interrogando a un menor que se autoincriminaba, violando leyes dominicanas y provocando incluso protestas de organismos como la UNICEF (Fondo de Protección de la Infancia de las Naciones Unidas).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sometió a la justicia por la difusión del video al jefe de la policía, general Pedro Candelier, al periodista César Medina y a los propietarios del Canal 29 de televisión.
El procurador general interino, Ariel Acosta Cuevas, designó una comisión de ayudantes para que determine las circunstancias en que fue apresado el menor que figura en el video en los disturbios de Navarrete.
Este viernes la violencia se propagó a comunidades del sudoeste del país, con protestas que dejaron un saldo de 10 heridos y 70 detenidos, según reportes de prensa concordantes.
Los detenidos fueron interrogados este mismo viernes por la policía, y muchos de ellos fueron liberados.
En Vallajuelo, 200 kms al sudoeste de Santo Domingo, dos camionetas de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDESUR) fueron incendiadas por manifestantes contra los constantes apagones y la alta facturación en el servicio.
Las violentas protestas se sucedieron en las comunidades de Paraíso, Enriquillo, Los Patos, Las Tres Bocas, Juancho y Tamayo en las provincias de San Juan de la Maguana y Barahona (sudoeste del país).
En Barahona varias viviendas fueron allanadas en los barrios Palmarito, Las Flores y Camboya, donde fueron apresados los dirigentes de las principales organizaciones populares y trasladados al servicio secreto de la policía dominicana.
En Licey, 120 kms al norte de Santo Domingo, las actividades continúan paralizadas y las calles y caminos vecinales bloqueados con troncos de árboles, piedras, neumáticos encendidos y otros obstáculos, en el segundo día de un paro general llamado por el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).
La paralización, convocada por tiempo indefinido por el FALPO, se efectúa en demanda del mejoramiento de los servicios públicos, la liberación de detenidos de otras protestas y el cese de la represión policial.
FALPO, especialmente, pide la libertad de su vocero, Víctor Bretón y otros dirigentes populares encarcelados.
Voceros de los habitantes de Licey y otras comunidades cercanas dijeron que marcharán hacia el Palacio de Justicia, donde el juez de la Tercera Cámara Penal, Genaro Rodríguez, tiene en el rol de audiencias una acción de Habeas Corpus interpuesto en nombre de los detenidos. |
