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Militares expulsaron a fiscales, policías y periodistas de la sede de la Corte Suprema de Justicia Militar, que había sido allanada previamente por agentes de la justicia civil para incautar documentos relacionados con el tráfico de 4.800 pieles silvestres en un destacamento militar del interior de Paraguay, informó la prensa local.
El suceso tuvo lugar la tarde del viernes en las oficinas de la Corte Militar, ubicadas en el edificio del Comando en Jefe de las FFAA.
El titular de la máxima instancia penal castrense, general Fausto Facetti se negó a entregar la documentación requerida y ordenó la expulsión del recinto de las autoridades judiciales tras señalar que el caso del tráfico de pieles es un asunto militar.
Un soldado, al ingresar la comitiva judicial, con la prensa, hizo un intento de disparar al aire pero al percatarse que su cargador estaba vacío, colocó una bala en su arma pero finalmente fue persuadido para que no disparara.
Los fiscales intervinientes solicitaron ayuda policial y unos ocho agentes de las Fuerzas de Operaciones de Policía Especializada (FOPE) ingresaron al local militar, pese a la oposición de uno de los oficiales de guardia, según la prensa.
El procedimiento aumentó la tensión y los responsables de la guardia militar permitieron finalmente, una hora después, el ingreso de los fiscales sin la policía.
Enseguida llegaron refuerzos militares que echaron de la unidad a los policías y periodistas del interior del edificio, se observó en la televisión local.
Por su parte Ricardo Merlo, coordinador de la unidad fiscal especializada en delitos contra el medio ambiente, anunció este sábado a la prensa que el Ministerio Público analiza la posibilidad de plantear ante la Corte Suprema de Justicia un conflicto de competencia para que defina si el tráfico de 4.800 pieles silvestres incautadas en el destacamento militar de "General Eugenio Garay" (700 km al noroeste en la frontera con Bolivia) debe ser investigado en la justicia ordinaria o en la justicia militar.
"De hecho la Corte Militar ya ha planteado un conflicto de competencia el viernes cuando se negó la entrega de documentos al Ministerio Público, alegando que la investigación corre a cargo del ámbito penal militar", indicó Merlo. |
