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EDITORIAL
Renunciando a los millones
El gobierno debe rendir una explicación creíble en torno a su decisión de renunciar a más de 1,000 millones de dólares, que debe pagar la compañía operaria de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El puerto de Balboa se encuentra ubicado en el extremo sur del Canal de Panamá y Cristóbal, en su extremo norte. En 1979, Estados Unidos entregó a Panamá los puertos como parte de los Tratados Torrijos Carter. Ambos terminales fueron operados por 27 años por la Autoridad Portuaria.
El 29 de julio de 1996, Cristóbal y Balboa fueron privatizados. La Hutchinson Wampoa a través de su filial Panamá Ports Company ofertó una anualidad fija de 22.2 millones de dólares más 10% de los ingresos brutos.
Todos recordamos que cuando el gobierno de Pérez Balladares se aprestaba a otorgar los puertos a la Kawasaki/Kooper T. Smith, se ordenó una nueva licitación, porque la Hutchinson prometía doblar cualquier otra oferta. Al final el consorcio de Hong Kong resultó ganador al ofrecer 12.2 millones de dólares más que su competidor
La Hutchinson comenzó a operar los puertos a principios de 1997 en base a un contrato de ley con la Nación. Hoy el país ha sido sorprendido con una decisión del Ministerio de Comercio, de equiparar dicho contrato con las condiciones pactadas para con Ever Green y Manzanillo International.
Los dos contratos en mención fueron pactados antes del de la Hutchinson y dicho consorcio estaba consciente de las condiciones existentes, por lo que es cuestionable que ahora quiera pagarle al fisco en base a los contenedores que maneja anualmente, cifra que se estima en apenas tres millones de dólares.
Panama Ports Company alega que uno de sus competidores, Manzanillo International Terminal, se ha favorecido también de los beneficios de equiparación establecida por la ley 12 del 3 de enero de 1996, logrando créditos y eliminación de compromisos con el Estado por el orden de 140 millones de dólares.
Con un país con sus finanzas públicas rotas, parece increíble que el Estado renuncie a sumas millonarias, que muy bien pueden ser utilizadas para proyectos de infraestructuras. Estamos gastando el ahorro nacional que representa el Fondo Fiduciario, pero por otro lado renunciamos a los ingresos que deben llegar al fisco.
Como bien dijo un alto funcionario ligado al Canal de Panamá. La operación de puertos es un negocio rentable y lo más conveniente para el país, es no firmar más contratos-ley.
Lo más adecuado es lograr una legislación, que se aplique a todos por igual y así la nación no será sorprendida ni presionada por los grandes consorcios empresariales.
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PUNTO CRITICO |
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