Los comisionados de Hacienda de la Asamblea sometieron a reconsideración varios artículos del proyecto de ley que intenta agilizar el sistema de compras estatales y de contrataciones públicas.
La presente iniciativa tiene por objeto establecer reglas y principios básicos de obligatorio cumplimiento que rijan los contratos públicos que realicen el gobierno central, las entidades autónomas y semi-autónomas e intermediarios financieros.
La norma abarca las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del 51% de sus acciones o patrimonio para: adquisición de bienes por parte del Estado, incluyendo arrendamiento; ejecución de obras públicas, disposición de bienes del Estado, disposición de bienes del Estado, entre otras disposiciones. Plantea además, la creación de un tribunal especializado para las investigaciones y análisis en casos de reclamos de empresarios insatisfechos.
