La Fiscalía Electoral envió la denuncia de supuesto proselitismo político en contra del Defensor del Pueblo, Liborio García, al despacho de los magistrados del Tribunal Electora, quienes a su vez deben remitirla sin intermediarios a la Corte Suprema de Justicia para su definición.
El fiscal Gerardo Solís aseguró que las reformas constitucionales de diciembre del 2004 jerarquizaron la figura de Defensor del Pueblo al rango de Magistrado y de Procurador de la Nación, por lo que las investigaciones de índole penal deben ser atendidas por la Corte Suprema.
Solís indicó que este procedimiento no "contamina" jurídicamente el proceso administrativo iniciado contra García por el pleno de la Asamblea Nacional, el cual debe votar esta semana una resolución de una Comisión, que recomienda la remoción del funcionario.
El fiscal aseguró que la Asamblea no definirá si García tiene que ir preso por la comisión de un supuesto delito electoral, sino que el proceso de remoción se circunscribe a un asunto de confianza y capacidad profesional de un funcionario que es subalterno del Órgano Legislativo.
Solís manifestó que la denuncia reposa en los despachos de los magistrados del TE. El fiscal insistió que un proceso no tiene que ver con otro, es decir, que la decisión de la Asamblea no debe estar ligada a lo defina el pleno de los magistrados de la Corte Suprema.
En tanto, el Defensor del Pueblo, Liborio García, aseguró que un equipo de abogados arma desde hace cinco días un proceso de defensa ante el acto de remoción del cargo.