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A pesar del diálogo que sostuvieron ayer representantes del gobierno costarricense y de Panamá en la provincia de Chiriquí, la crisis comercial y de convivencia surgida en la zona fronteriza persiste.
La situación ha afectado a los comerciantes y no se ha logrado que las medidas impositivas ejecutadas por el hermano país, sean eliminadas.
Alfredo Castillero Hoyos, director general de Política Exterior de Panamá, dijo que por el momento es evidente que existe la voluntad de ambas partes de solucionar el problema, sin embargo, sólo se logró suspender provisionalmente por unos días la medida del paso vehicular, no así las disposiciones impositivas en donde se incluyen las de materia comercial.
Apuntó que para hoy las autoridades costarricenses prometieron tener una respuesta temporal en lo que se refiere a la compra de mercancías en empresas panameñas, no obstante, aún continua la negociación.
Indicó que para ello ambos gobiernos se han dado un plazo máximo de 16 días para lograr un acuerdo definitivo.
Al ser cuestionado con relación a que si esas medidas afectarían las relaciones entre Panamá y Costa Rica, por ende las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, Castillero aseguró que confía en que estas no se malogren, pues hasta el momento mantienen voluntad de resolver el conflicto.
En tanto, Eduardo Jordán, presidente de la Cámara de Comercio de Paso Canoas dijo que con lo logrado hasta el momento ellos no están tranquilos porque los representantes del gobierno tico no pudieron sustentar respuestas satisfactorias para ambos.
Explicó que la entrada y salida de divisas que se da en esa área ha provocado que las ventas disminuyeran en un 80%. Dijo que ellos solicitan una reconsideración de las medidas de cero tolerancia impuestas por Costa Rica en contra de Panamá, pues es una disposición asfixiante al igual que el restablecimiento del libre tránsito vehicular a ambos lados del cordón fronterizo.
Indicó que hasta el momento, producto de las bajas, gran cantidad de mano de obra ha sido despedida, por ello advirtió que si el problema no se soluciona en un máximo de 30 días se podría estar dando el despido total de todos los empleados que laboran en los comercios ubicados en la frontera.
Por su parte, Alfonso Padilla Campos, presidente de la Comisión de las fuerzas vivas de la comunidad costarricense, dijo que la medida impuesta a través del gerente de Aduanas de Costa Rica, Oscar Vinda, se constituye en una aniquilación económica para los pueblos fronterizos. |
